Atrévase gobernador a defender nuestra dignidad de pueblo

colonialismo

Escrito por Wilma E. Reverón Collazo / Copresidenta del MINH

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) repudia tanto el colonialismo servil del Gobierno de Puerto Rico como la arrogancia imperialista del Gobierno de EUA.

En el alegato del Procurador General de EUA Donald B. Verrilli el Gobierno de EUA se atribuye un poder territorial ilegal, violatorio de los derechos humanos del Pueblo de Puerto Rico que es el único y verdadero soberano de Puerto Rico. No hay alegatos de jurista que pueda dar al traste con esa sencilla verdad.

El problema fundamental con el análisis de Verrilli es que parte del poder de EUA para adquirir territorios. Es como si no hubiera pasado nada desde el 1898 en términos del poder que tiene un país para adquirir por guerra, conquista o cesión territorios pertenecientes a otros pueblos. Es como si en el 1960 la ONU no hubiera adoptado por unanimidad, EUA incluido, la Resolución 1514 (XV) donde dice en su párrafo dispositivo primero:

¨1. La sujeción de pueblos al dominio extranjero, su dominación y explotación constituye la negación de derechos humanos fundamentales, es contrario a la Carta de la ONU y constituye un impedimento a la promoción de la paz y la cooperación internacional.¨

Mientras el Gobierno de Puerto Rico en su alegato se atasca en la discusión sobre si en el 1952 Puerto Rico adquirió un estatus soberano o no, el Gobierno de EUA le responde aferrándose a su poder territorial sobre Puerto Rico. Este es un debate entre un sordo que dice escuchar algo distinto de lo que se le dice y un ciego que no ve su posición indefendible bajo el derecho internacional actual.

Asimismo, la carta enviada por el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon se limita a un lamento borincano sin ejercer la prerrogativa que le confiere la misma nefasta Resolución 748 (VIII) de solicitar a la ONU que atienda el reclamo del Pueblo de Puerto Rico de la modificación de su relación colonial con EUA, según evidenciado en el voto de noviembre de 2012 donde un 54% del pueblo repudió la relación colonial territorial. El párrafo 9 de la 748 (VIII) abre la puerta para ¨tomar debidamente en cuenta la voluntad de  los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme al estatus jurídico actual como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.¨ Una acción significativa de parte del Gobierno de Puerto Rico  hubiera sido el exigir que, según reiteradamente ha solicitado el Comité de Descolonización, se incluya el caso de Puerto Rico en la agenda de la Asamblea General de la ONU. ¡Atrévase gobernador a defender nuestra dignidad de pueblo frente al abuso de EUA!

 

El Impago

eeuu-debtEscrito por Héctor L. Pesquera Sevillano / Copresidente del MINH

Mucho se ha hablado de la deuda de más de 70,000 millones de dólares que tiene Puerto Rico con inversionistas, pero ¿cuánto nos debe Washington por obligarnos a utilizar la marina mercante de Estados Unidos durante un siglo, la más cara e ineficiente del mundo? Los cálculos más conservadores estiman en unos $500 millones anuales el costo adicional del uso de esa marina para transportar nuestros alimentos.

¿Y cuánto nos deben por la destrucción sistemática de nuestra agricultura para obligarnos a comprarles e importar el 85% de lo que consumimos?

¿Cuánto nos deben por el uso y contaminación del Bosque Toro Negro y El Yunque con el agente naranja y otros tóxicos? ¿Cuál es la deuda de Washington por el proyecto de esterilización masiva a que fueron sometidas miles de mujeres puertorriqueñas sin su consentimiento durante la década del 40 al 50?

¿Cuánto valen las miles de muertes de soldados puertorriqueños que fueron utilizados como carne de cañón en las guerras imperialistas de Estados Unidos a través de todo el planeta?

¿Cuánto nos deben por el uso no autorizado de las aguas del Río Blanco para abastecerse durante años de agua para su instalación militar en Roosevelt Roads? El gobierno del ELA, al descubrir el robo, les facturó millones de dólares y el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico determinó que la Marina de Guerra tiene “Inmunidad” y que no tenían que pagar esa deuda. Igual conducta de impago mostraron con un “pillo de agua” que durante años suplía del preciado liquido a las instalaciones del Correo General en la Avenida Roosevelt en Hato Rey.

¿Cuánto vale haber intervenido en nuestro proceso electoral, judicial y político para su ventaja durante las pasadas décadas? Ahora pretenden imponernos una Junta Fiscal que esté por encima del Gobernador y la Legislatura a la hora de determinar acciones, leyes, impuestos y contratos gubernamentales. Esto es inaudito.

¿Cuánto nos debe Washington por la explotación colonial a que hemos sido sometidos por más de un siglo? ¿Cuál es la deuda que tienen por el uso de nuestros mejores terrenos agrícolas para establecer instalaciones militares alrededor de toda la isla, expropiando forzosamente a los propietarios? En Vieques estuvieron más de 60 años zumbando metralla y contaminantes a diestra y siniestra, contaminando el ambiente y afectando adversamente la salud y el desarrollo de toda la comunidad. En Culebra aún quedan bombas sin detonar y desechos militares sin limpiar.

Alegan que no tienen dinero para realizar la limpieza y descontaminación que urgentemente requieren Culebra y Vieques. ¡Se trancó el dominó! Si ellos no pagan nosotros no tenemos por qué pagar.

El año 2016 tiene que ser el año del impago a los bonistas y de descolonización de Puerto Rico. La senadora María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), lanzó la propuesta del Impago a la deuda. Nosotros la acogemos y respaldamos. Primero hay que auditar esa deuda para determinar si hubo fraude y beneficios “paralelos” en la otorgación de esos préstamos y si se utilizó el dinero para lo que se obtuvo el préstamo. Descartada la deuda ilegal, hay que ir contra los que se beneficiaron del traqueteo. Y el remanente, contraponerlo a lo que nos debe Washington por un sistema de dependencia colonial que no ha llevado a la ruina, mientras ellos se han enriquecido del mismo.

Para el Congreso de Estados Unidos, “pertenecemos a, pero no formamos parte de Estados Unidos”. Pues resulta que una pertenencia de ellos está en quiebra y ellos no quieren reconocerle, como al resto de sus jurisdicciones, el derecho a acogerse a la Ley de Quiebras, una prerrogativa de principios del sistema capitalista. Así es que hasta que no se cuadren los numeritos, no hay espacio para promesas de pago o nada por el estilo.

Una vez hayamos aclarado los numeritos y que Washington haya reconocido lo que nos debe, estaremos en condiciones de negociar la forma de pago de dicha deuda colonial, si alguna. Y no es con fondos buitres que vamos a trabajar. La República de Puerto Rico tendrá acceso al Mercosur y al Fondo Monetario Internacional para financiar el pago, si alguno, a los inversionistas estadounidenses. Veremos al final del camino que quienes nos deben a nosotros son ellos, que el impago es de ellos.

Bernier debe actuar ahora por la Asamblea de Estatus

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

Si, como lo afirmó ayer en Caguas el candidato a la gobernación por el PPD David Bernier, cree en la Asamblea de Estatus, debe instruir a la actual Legislatura para que inicie inmediatamente los pasos en esa dirección.

La Asamblea de Estatus es una promesa de campaña hasta ahora incumplida por la administración García Padilla-PPD. El Partido Popular cuenta con mayoría de votos para cumplir con la misma. Bernier es el presidente de dicho partido y se supone que tenga la autoridad para hacer que la legislatura inicie en enero de 2016 el proceso hacia la Asamblea de Estatus.

Bernier no tiene por qué esperar el resultado de las elecciones de noviembre, cuando probablemente el PPD perderá la mayoría legislativa que ostenta en la actualidad, a manos del PNP, que se opone a la Asamblea de Estatus.

Si hay honestidad y voluntad de hacer aquello en lo que se dice creer, Bernier debe actuar ahora. De no hacerlo quedaría ante el Pueblo como un manipulador más del tema del estatus.

 

A un año del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos: la dialéctica de las transformaciones

cuba

Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH

El pasado jueves 17 de diciembre se cumplió un año desde las declaraciones hechas en Washington y La Habana por los presidentes de Estados Unidos y Cuba sobre los acuerdos alcanzados por ambos países para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. La noticia recorrió el mundo en segundos. Se anunciaba así el comienzo de un proceso dirigido a la normalización de relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre dos Estados que todavía al presente mantienen abiertas diferentes perspectivas en la manera en que tal normalización debe ocurrir.

Como bien ha indicado el gobierno cubano, entre Estados Unidos y Cuba nunca ha habido tal normalización en sus relaciones. Cuba, al igual que Puerto Rico, Filipinas y Guam, fueron militarmente invadidas por Estados Unidos en 1898. Al final de la Guerra Hispano-cubana-americana, las posesiones españolas en el Pacífico y en el Caribe pasaron de manos al ser cedidas por España a Estados Unidos.

En el caso de Cuba, durante los primeros cuatro años a partir de la ocupación por parte de Estados Unidos, prevaleció en el país un gobierno militar. En 1902 Estados Unidos viabilizó la llamada independencia mediatizada de Cuba, confiriendo el traspaso de su gobierno directo a un gobierno cubano, aunque reservándose como parte de su ejercicio imperial, la autoridad para intervenir en Cuba cuando sus intereses económicos, políticos o militares así lo dictaran. Mediante la Enmienda Platt introducida en la Constitución de la joven república, Estados Unidos impuso a los cubanos el sometimiento a tal dictamen.

Tal ejercicio de autoridad por parte de Estados Unidos y tal sometimiento de la soberanía nacional cubana a los dictámenes imperiales del gobierno de Estados Unidos imposibilitaron una relación bilateral normal entre ambos Estados. No es sino hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 que el pueblo cubano asume realmente el ejercicio soberano sobre sí mismo. Tal determinación, no obstante, condujo a la intervención económica, política y militar, incluyendo la fracasada intervención militar en Playa Girón y al apoyo a grupos armados dentro del país, por parte de Estados Unidos contra Cuba. Esta intervención se vería agudizada mucho más dentro del marco de la llamada Guerra Fría y la determinación del pueblo y del gobierno cubano de construir una sociedad socialista en su país. A lo largo de más de medio siglo Estados Unidos nunca ha renunciado a sus planes hegemónicos hacia Cuba.

El anuncio hecho por los presidentes de ambos países el 17 de diciembre de 2014, no obstante lo anterior, constituye un significativo paso en la dirección correcta. Hace un año, al referirnos a dichos anuncios, expresamos que el proceso a desarrollarse entre ambos países, a partir de ese momento, sería complicado. Se trata, decíamos entonces, ¨de muchos nudos que hay que desenrollar entre ambos países procurando que en ningún momento la cuerda se rompa.¨ Mencionábamos que si había voluntad entre ambas partes para que el proceso se desarrollara y que el mismo culminara, entonces podríamos hablar de un total y absoluto restablecimiento de las relaciones entre ambos Estados, entre ambos pueblos. Terminamos indicando que la tarea no era fácil y que en efecto, no tenía por qué serlo; que lo importante es que se trabajara con confianza y voluntad en la dirección correcta.

Al referirnos al histórico anuncio indicamos que todavía quedaba una gran distancia por recorrer en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. Comparamos otros procesos en los cuales se ha iniciado la ruta de normalización de relaciones como es el caso de Estados Unidos y Vietnam. En este, al cabo de más de veinte años de iniciado el proceso, aún existen asuntos sujetos a discusión entre ambos Estados. En el caso de Cuba, la experiencia del pasado medio siglo de hostilidad por parte de Estados Unidos esta hermana nación caribeña, junto a la resistencia de su Revolución, nos dice que el pueblo cubano tiene no solo la paciencia, sino también la confianza en su dirección política y voluntad para avanzar en la lucha por romper el muro que representa el Bloqueo impuesto por Estados Unidos a la par que defiende y profundiza su Revolución. Esa lucha, como la describía Martí en referencia a la guerra de independencia iniciada en 1895, es tarea de grandes.

Una mirada a lo complejo que puede ser el proceso de normalización de relaciones entre ambos gobiernos nos lo muestra el discurso presentado por el Canciller cubano ante la Asamblea General de la ONU en ocasión de la aprobación este año de la Resolución presentada por Cuba condenando el Bloqueo. En esa ocasión se produjo una votación histórica con la participación de la totalidad de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unida. En ella 191 países votaron a favor de la Resolución; 2 países en contra, Estados Unidos e Israel; con ninguna abstención. A diferencia de la Resolución aprobada el pasado año, donde Micronesia, Palau e Islas Marshall se habían abstenido, este año, estos territorios que mantienen con Estados Unidos diferentes tipos de pactos de libre asociación, votaron a favor de la Resolución. La misma recoge el consenso internacional más amplio alcanzado desde 1992 cuando se presentó la primera Resolución por parte de Cuba en contra del criminal bloqueo.

En su alocución ante la Asamblea General previo a la votación, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo referencia a las palabras del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama al anunciar el restablecimiento de relaciones entre los dos países. En ella, Obama reconoció que el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba era una política fracasada y obsoleta, la cual no ha cumplido a lo largo de más de medio siglo los objetivos trazados. Rodríguez señaló de paso que el bloqueo ¨provoca daños al pueblo cubano y aislamiento al gobierno de Estados Unidos.¨ El Canciller cubano, sin embargo, reconoció como positivas las medidas adoptadas por la Administración Obama, aunque indicó que sólo modifican de manera muy limitada los fundamentos principales en los cuales el bloqueo se ha sostenido durante décadas.

Para el Canciller cubano, la eliminación de Cuba de la lista confeccionada por Estados Unidos de países que conforme a su política exterior son promotores del terrorismo, lista ésta donde Cuba jamás debió haber estado incluida, fue ¨la rectificación de un absurdo¨. Indicó de paso que tal acción, sin embargo, ¨apenas ha tenido consecuencias en la implementación del bloqueo, sustentado en sanciones y leyes previas mucho más abarcadoras.¨ De acuerdo con Rodríguez, muchas de las medidas propuestas por la Administración Obama no podrán ser implementadas a menos que se adopten otras medidas que le permitan a Cuba la exportación e importación de productos y servicios hacia y desde Estados Unidos; el uso de la moneda estadounidense en transacciones internacionales; el acceso para Cuba operar tal tipo de moneda en bancos de terceros países; y también el acceso a créditos y financiamiento por parte de entidades financieras internacionales privadas y públicas.

El Canciller cubano fue claro en su discurso cuando señaló que el ¨pueblo cubano no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente ha escogido de construir un socialismo más justo, eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y democrático.¨

En un escrito anterior del pasado mes de octubre hacíamos referencia a varios señalamientos hechos por el gobierno cubano como parte del Informe presentado a la comunidad internacional sobre aspectos que estaban en manos del presidente de Estados Unidos para los cuales no necesitaba aprobación alguna por parte del Congreso, que bien podrían ser objeto de negociaciones y acuerdos entre las partes como parte del proceso de normalización de relaciones entre ambos gobiernos, no había que esperar a acción congresional para adoptar tales medidas. Las propuestas que relaciona el documento son las siguientes:

¨1. Autorizar el uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba.

2. Consentir que estas transacciones se realicen a través del sistema bancario de EE. UU.

3. Posibilitar a entidades cubanas (bancos, empresas, etc.) abrir cuentas corresponsales en banco de EE. UU.

4. Instruir a los representantes de EE. UU. en las instituciones financieras internacionales que no obstaculicen el otorgamiento de créditos u otras facilidades financieras a Cuba.

5. Revertir la política de persecución financiera contra Cuba.

6. Autorizar que aviones y embarcaciones cubanas transporten viajeros, carga y correo postal entre los dos países.

7. Autorizar las exportaciones directas a Cuba de productos estadounidenses.

8. Permitir que Cuba importe desde terceros países productos que contengan más de un 10% de sus componentes norteamericanos.

9. Permitir las importaciones en EE. UU. de servicios cubanos o productos que constituyen rubros exportables de la economía cubana como el tabaco, el ron, productos de biotecnología, incluyendo productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas como níquel o azúcar.

10. Autorizar a las compañías norteamericanas realizar inversiones en Cuba.

11. Eliminar el límite al valor de los productos cubanos que pueden ser importados por los viajeros estadounidenses que visitan Cuba, para uso personal o como regalos.

12. Autorizar a los ciudadanos de EE. UU. a recibir tratamientos médicos en Cuba.

13. Permitir la concesión de créditos, préstamos y financiamiento en general a Cuba, para la adquisición de productos en el mercado de EE. UU. (con excepción de los agrícolas, que están prohibidos por ley).¨

De acuerdo con las autoridades cubanas, los únicos renglones sobre los cuales realmente existen impedimentos por parte del Congreso el Presidente para actuar se limitan a: (a) La prohibición de subsidiarias de EE. UU. en terceros países a comerciar bienes con Cuba (Ley Torricelli); (b) La prohibición de realizar transacciones con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas por Cuba (Ley Helms-Burton); (c) El impedimento a los ciudadanos de Estados Unidos de viajes a Cuba con propósitos turísticos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000); (d) La obligación de pagar en efectivo y por adelantado aquellas compras de productos agrícolas por parte de Cuba en Estados Unidos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones de 2000).

Los procesos históricos tienen su propia dinámica de desarrollo. De acuerdo a una de las leyes de la dialéctica, los procesos cualitativos de cambio son precedidos por múltiples cambios cuantitativos, en ocasiones apenas percibidos. El anuncio hecho el pasado año por los presidentes cubano y estadounidense marcó un cambio cualitativo en la historia de las relaciones entre ambos pueblos. Habrá que ver en qué momento se producirá otro cambio cualitativo. Lo que no debe haber duda alguna es que en estos momentos históricos, particularmente desde el anuncio hecho hace un año, ya se han producido algunos cambios cuantitativos adicionales en el desarrollo de las relaciones entre ambos pueblos Aunque el ritmo de los cambios o transformaciones se desarrollen con lentitud, se trata de la acumulación de cambios cuantitativos que a la larga producirán otros cambios cualitativos en las relaciones entre ambos pueblos y entre ambos gobiernos.

El ¨No¨ de Alejandro a la reelección

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

La decisión de Alejandro García Padilla de no ser candidato a la reelección en las elecciones de noviembre próximo era irremediable. O intentaba salir lo menos magullado posible de la errática gestión de su administración en el tiempo que le queda en La Fortaleza, o sufría una apabullante derrota en noviembre. No le quedó otra alternativa que optar por lo primero.

Más allá del impacto que pueda tener al interior del Partido Popular Democrático, la decisión de García Padilla resulta irrelevante ante la grave situación económica y social que enfrenta Puerto Rico.

El origen de esa crisis es la consecuencia directa de una estructura política desgastada e inservible. Está relacionada directamente con la ausencia de poderes del Pueblo puertorriqueño para tomar decisiones que le beneficien. Tiene que ver absolutamente con la relación unilateral y humillante en la que el Congreso de Estados Unidos decide sobre nuestro destino. Es consecuencia, pues, de la condición colonial prevaleciente.

Definitivamente no es un asunto de candidatos, es un asunto de poder político y económico.

Podría Dios ofrecerle a San Pedro una licencia para que administre a Puerto Rico en el actual estado de cosas colonial y sin poderes políticos y sería poco o nada lo que podría hacer, a pesar de su grandeza celestial.

Quien sustituya a García Padilla en la candidatura a la gobernación por el PPD tendría que ofrecer una propuesta anticolonialista y anticapitalista, para tener alguna credibilidad y alcanzar algún resultado.

Pero eso es pedirle peras al olmo.

 

Debemos ser intolerantes con la corrupción

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Escrito por Noel Colón Martínez / MINH

Resulta muy difícil retraerse y evitar hacer un análisis de los eventos que la pasada semana marcaron la vida de todos los puertorriqueños. Mi optimismo me lleva a pensar que la mayoría de este pueblo sintió honda preocupación y vergüenza ajena ante los resultados de las investigaciones que el imperio realizó y que tocaron tan de cerca al Gobernador, al Presidente de la Cámara de Representantes y la persona que dirige la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para tomar sólo tres ejemplos.

Los federales habían estado preparándonos desde mucho antes sobre un pequeño terremoto que se acercaba. Las filtraciones a los medios de comunicación eran abundantes pero el presunto generador de todo el escándalo se mantenía al margen, estratégicamente aislado como parte de un diseño, una estrategia de shock. Nos mostraron la mansión de Aguadilla, nos anticiparon las reuniones, la cercanía del Gobernador con el supuesto delincuente, los viajes por Europa, las visitas recíprocas de los hijos a y desde Fortaleza, el problema de los teléfonos que no funcionan en el Capitolio, el pago por servicios que no se prestan, las influencias mal habidas para nombrar y para cesantear gente, y un sinnúmero de datos y elementos que iban creando una opinión.

Todo lo anterior se añade a la información pública sobre la enorme cantidad de dinero que ha levantado el Gobernador en su aspiración para lograr un nuevo término no empece a que toda encuesta que se realiza en Puerto Rico lo coloca repudiado por el electorado. Ese electorado lo eligió gobernador en el 2012 con una ventaja exigua sobre otro gobernador completamente desacreditado y fracasado. De modo que las reservas de Alejandro García Padilla para recomponerse si las encuestas lo desfavorecen resultan ser minúsculas. Pero esas encuestas que eran tan desfavorables antes, ahora resultarán ser insólitas. Él, sin embargo, parece ignorar sus actuales circunstancias y permanece aparentando que va a seguir los consejos de unos pocos miembros de la curia del Partido Popular Democrático (PPD), con el propósito o el resultado de trabar las aspiraciones de otros líderes de ese partido.

Pedro Rosselló González le causó una gran vergüenza a Puerto Rico cuando permitió que un Secretario de Educación montara una ATH en la propia oficina del funcionario, se convirtiera en el gran recaudador del Partido Nuevo Progresista (PNP), financiara proyectos grandiosos de reformas políticas en Washington con las manos llenas de dinero ilegalmente obtenido y finalmente aprovechara la oportunidad para llenar sus bolsillos de millones de dólares. Moraleja: el financiamiento privado de los partidos los corrompe.

Luis Fortuño empezó hablándonos de cien amigos millonarios que le darían la mano pero dilapidó billones de dólares en contratos para sus amigos. Salió millonario de la gobernación y el gobernador que lo derrotó en las urnas, poco tiempo después de tomar posesión, decidió que había que pasar la página, que es como renunciar a cumplir la obligación ministerial de proteger el uso de los fondos públicos y hacerse de la vista larga ante la pérdida de recursos que no le pertenecen. Las cantidades que recibió el PNP y el propio Fortuño para sus campañas políticas hicieron pensar a todo el mundo, incluyendo los encuestadores de El Nuevo Día, que la victoria del PNP en 2012 era segura. A Fortuño nadie le pidió explicaciones y él jamás sintió la necesidad de ofrecerlas.

Alejandro García Padilla no entiende, a mi juicio, el proceso por el cual él está atravesando. La experiencia acumulada por nuestro electorado, luego de las experiencias con Rosselló y Fortuño, ha agudizado la sensibilidad ante los repetidos actos de corrupción pública y se ha endurecido el juicio sobre los mismos. Los señalamientos más directos y perjudiciales que se han hecho contra García Padilla se relacionan con sus esfuerzos por levantar grandes sumas de dinero para sus campañas a la vez que se facilitan contratos y beneficios a los donantes. A principios de este año el traslado de las oficinas del Cesco en Carolina favoreciendo a un recaudador del PPD creó gran preocupación por temores bien fundados sobre los problemas del inversionismo político. En ese caso se trata de un contrato millonario con claros matices de prebenda política.

El caso que ha suscitado enorme sorpresa es el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque la intervención de Anaudi Hernández Pérez, según el pliego acusatorio, no sólo logró que se nombraran a posiciones del más alto relieve a dos personas que luego habrían de facilitar la intervención del recaudador en las operaciones de la instrumentalidad, sino hasta el punto de recomendar despidos por razones políticas. Aunque me disgusta la comparación, ¿qué habría ocurrido al Presidente de esa agencia si se tratara de una empresa privada? Estoy convencido de que hubiera sido despedido inmediatamente. ¿Por qué no ha sido despedido? Las inferencias naturales son terriblemente dañinas para el Gobernador.

El Gobernador de Puerto Rico tiene que dar a su partido las explicaciones que las circunstancias demandan, pero además, debe dar explicaciones amplias y detalladas al Pueblo de Puerto Rico que en este momento creo que se siente indignado con su silencio. Pienso que si no ofrece explicaciones amplias, claras y convincentes, la opinión pública debe pedir su renuncia. Igualmente creo que el Presidente de la Cámara de Representantes tiene que ofrecer una explicación transparente sobre lo que se percibe como una conducta de muy dudosa moralidad y legalidad para favorecer un recaudador de fondos. De no ofrecer una explicación veraz y constatable, creo que la solución es el retiro de sus funciones y el reclamo debe hacerlo la opinión pública.

Dicen correctamente que dos y dos son cuatro aunque lo diga un loco. Es una desgracia que un tribunal extranjero, de un poder que nos controla por razones de fuerza, sea el que dicte en este momento los cursos a seguir. A nosotros nos corresponde ponerle límites a conductas que son reprochables en todo lugar. Permitir que continúen prácticas corruptas porque aborrezcamos a aquellos que las descubran es un sinsentido. Este País necesita los pocos recursos que produce y obtiene en la atención de necesidades urgentes para medio país hambreado. Apropiarse o mal utilizar fondos o recursos necesarios es privar a mucha gente del disfrute de derechos humanos esenciales. Esos son los elementos que inciden en la práctica de pagar a los bonistas pero no pagar el bono de Navidad a los trabajadores del gobierno. Aquí se ha robado mucho y es hora de ser más rigurosos con los que por maldad o incompetencia esquilman al pueblo. Un corrupto Popular o un corrupto PNP no dañan a sus partidos solamente, dañan y perjudican a todo el País. Los partidos no parecen ser los instrumentos de cambio porque ellos han construido unas estructuras diseñadas para ser penetradas por los corruptos. Y están diseñadas, además, para la impunidad de los corruptos. Sólo la sociedad civil, los medios de comunicación y una opinión pública bien informada, pueden atenuar de manera importante este problema.

Debemos forzar la salida de los corruptos del sistema.

Las elecciones parlamentarias en Venezuela: una breve y fraternal reflexión

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Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH

El pasado domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano compareció a las urnas en elecciones convocadas para seleccionar quiénes pasarán a ser los integrantes para un nuevo quinquenio de su Asamblea Nacional o parlamento.

En fechas previas a los comicios, los encuestadores vaticinaban un triunfo a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre el Gran Polo Patriótico (GPP) por un margen de hasta 30 puntos porcentuales. Este último se encuentra encabezado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), actual partido de gobierno. Escrutados los votos en los comicios por parte de la Comisión Nacional Electoral, de un total de 167 escaños que conforma la Asamblea Nacional, la MUD obtuvo 112 diputados, el GPP obtuvo 55 diputados y la representación indígena obtuvo 3 diputados. Esta última se articula con un representante de la Región Occidental, otro de la Región Oriental y un tercero de la Región Sur.

Los diputados en la nueva Asamblea Nacional tomarán posesión de sus cargos el 5 de enero de 2016. La obtención de más de dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional, lo que en Venezuela se llama ¨mayoría cualificada¨, conforme al Artículo 203 de la Constitución, le brinda a la Oposición la capacidad para disponer de asuntos tan importantes como revocar decretos emitidos por el Presidente y aprobar leyes que vayan por encima del veto presidencial. Tal ¨mayoría cualificada¨, le permitirá además a la Asamblea Nacional, llevar a cabo referéndums populares, elaborar diferentes proyectos de ley para su aprobación directa, así como intervenir directamente en la aprobación o revocación de tratados, acuerdos internacionales y convenios entre Venezuela y otros países. Entre los convenios que ahora la Asamblea Nacional podría plantearse intervenir, se encuentran, por ejemplo, aquellos negociados y vigentes entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, como también aquellos acuerdos de Venezuela con países como la República Islámica de Irán y la Federación Rusa.

Una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea Nacional por parte de la Oposición le permitiría también intervenir con el Poder Judicial mediante la revocación de jueces y con otros asuntos de la competencia de dicha rama de gobierno. De hecho, ya la Oposición se ha pronunciado a favor de aprobar una Ley de Amnistía, facultad que invocan al amparo del Artículo 187 (5) de la Constitución de la República, para aquellos presos encarcelados como resultado de dictámenes judiciales donde resultaron convictos por los disturbios promovidos precisamente por dicha Oposición durante los pasados años. En particular, entre los que podrían beneficiarse de tal amnistía se encuentran aquellos encontrados culpables por los sucesos de 2013 en los cuales fallecieron 43 ciudadanos, dejando además un saldo de cientos de heridos, en su mayoría afectos al gobierno de Maduro. Entre los condenados por tales actos se encuentra cumpliendo cárcel el dirigente opositor Leopoldo López.

En las elecciones efectuadas hace cinco años, el 27 de septiembre de 2010, el sector adepto al entonces presidente Hugo Chávez Frías, obtuvo el 58% de los escaños en el parlamento, no logrando obtener el número de 110 diputados que eran los necesarios para obtener las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. En estas elecciones la llamada ¨Oposición¨ logró captar el 52% de los votos. En Venezuela, el por ciento de los votos no determina el por ciento de los escaños. Así las cosas, en aquel momento, a pesar de la Oposición haber obtenido más votos que el chavismo, tal Oposición no obtuvo la mayoría de los escaños de diputados, manteniendo el PSUV la mayoría de los mismos.

En la elecciones de 2005 la participación electoral de los ciudadanos con derecho al voto fue muy baja, limitándose a 25.26% de los electores inscritos. En ellas, la Oposición boicoteó el proceso electoral. Sin embargo en las elecciones efectuadas el año 2010, la participación electoral aumentó a aproximadamente un 65% de los electores inscritos, limitándose la abstención a un 35%. En ellas, la Oposición sí optó por participar.

En las elecciones del pasado 6 de diciembre la participación electoral, dentro de un universo de 19.5 millones de votantes, ascendió a 74.25% de los electores elegibles. En ella, los candidatos de la MUD coparon el 65.27% de los escaños a pesar de haber arrastrado tras sí el 40% de los votos; mientras el PSUV, a través del GPP, a pesar de captar el 43% de los votos, sólo obtuvo el 32.93% de los escaños. La representación indígena con sus tres escaños representa el 1.80% de los diputados en la Asamblea Nacional.

La erosión en el voto a favor del PSUV que observamos venía produciéndose antes de los recientes comicios. Por ejemplo, en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, si bien hubo una menor participación de los electores, la cual ascendió al 58.92%, el voto capturado por el PSUV fue de un 49.24%, mientras el voto de la Oposición ascendió a 47.72%. En ellas un 8.03% fueron electores respondieron a otras agrupaciones en la contienda electoral. Para entonces el universo de los electores capacitados era de 19, 066,431 electores.

Si examinamos las elecciones presidenciales de 2014, la diferencia entre el voto emitido a favor de Nicolás Maduro frente el voto del candidato de la Oposición, Henrique Capriles, se redujo a 1.5%.

Los anteriores datos ciertamente reflejan una reducción en el apoyo en los electores venezolanos al gobierno encabezado por el PSUV. De lo anterior se deduce que una de las tareas inmediatas que deberá asumir el PSUV y el gobierno de Nicolás Maduro será identificar dónde residen la causas para este desgaste en el apoyo electoral al gobierno en el poder, las cuales como sabemos, pueden ser externas, internas o una combinación de éstas.

Si bien ha indicado Boaventura de Sousa Santos, analista político sobre los sucesos en América Latina en referencia a los casos de Brasil y Argentina, que en dichos países ¨hay claros signos de agotamiento en el modelo¨, podríamos también plantearnos que en el caso de Venezuela también podrían exhibirse síntomas de tal agotamiento. La pregunta sin embargo nos impone la necesidad de identificar las causas de tal agotamiento. Ilka Olivia Corado, en un escrito que tituló Un nuevo Plan Cóndor golpea Latinoamérica, utiliza una imagen que por lo correcta la asumimos en estos momentos para tratar de fundamentar nuestra hipótesis sobre una de las causas del resultado de la presente elección en Venezuela: ¨Estados Unidos viene con la furia de la ola de un mar en tempestad. Quiere arrasar con todo, como un huracán.¨

Desde mucho antes de que Estados Unidos aprobara el pasado mes de febrero su Estrategia Nacional de Seguridad (2015), documento en el cual delineó su estrategia en materia de seguridad para América Latina, ya sobre Venezuela se tendía una conspiración dirigida a lograr derrocar con un ¨golpe blando¨ al gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que la estrategia golpista de Estados Unidos contra un gobierno revolucionario como Venezuela no es de reciente factura. Ya se había intentado en el Golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002 donde, gracias a la respuesta inmediata del pueblo venezolano, el Golpe fue revertido en horas.

Los ¨Golpes de Estado¨ más recientes en América Latina, a diferencia de asonadas militares como las ocurridas en Guatemala en 1954, en Chile en 1973 o en Argentina durante la Dictadura Militar, por solo mencionar algunos, han asumido una nueva cara. Ahora se les llama ¨golpes blandos¨, donde se procura el derrocamiento de gobiernos democráticamente constituidos, con el menor derramamiento de sangre posible. Se trata de una nueva estrategia que Estados Unidos ha comenzado a articular hacia América Latina alejándose del modelo desarrollado hace décadas de ¨guerras de baja intensidad¨. En ella se inducen procesos políticos dirigidos a desmantelar los cambios y transformaciones económicas y políticas en nuestra región mediante gobiernos progresistas, sustituyéndolos por gobiernos neoliberales al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos en la región.

Entre ejemplos de estos ¨golpes blandos¨ o intentos llevados a cabo se encuentran, por ejemplo, los promovidos contra Manuel Zelaya en Honduras, contra Fernando Lugo en Paraguay, los intentos contra Rafael Correa en Ecuador; así como la reciente experiencia con los llamados ¨fondos buitres¨ en el caso de Argentina y las actividades promovidas para deslegitimar el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, y claro está, los desarrollos de los pasados años en Venezuela. Quizás, como indica Ilka Oliva Corado, citando a la presidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández, sobre el Plan Cóndor de hace cuatro décadas: ¨Tal vez ahora se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan, que va a ser más sutil y sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres y no cóndores, pero siempre son aves de rapiña.¨

De hecho, no perdamos de perspectiva que tan temprano como escrutados los votos en las pasadas elecciones en Argentina, el candidato favorecido ya proponía la expulsión de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur, procurando así aislar aún más la economía de este país, que como sabemos, en los pasados años, ante la devaluación del precio del barril de petróleo y las faenas internas para precipitar la falta de productos básicos y disparar la inflación, ha venido sufriendo el impacto de una guerra económica dirigida a frenar sus conquistas revolucionarias.

Previo a las recientes elecciones en Venezuela, la Oposición que hoy disfruta el triunfo, se hartó de denunciar el proceso electoral calificándolo de fraudulento a pesar de indicadores históricos y opiniones de expertos en procesos electorales a nivel mundial sobre las garantías que el proceso electoral ofrece a sus ciudadanos en Venezuela. Hoy sin embargo, a raíz del resultado, los que ayer pretendieron deslegitimarlo, son los mismos que hoy se benefician de su resultado.

La madurez y firmeza con la cual el Presidente Nicolás Maduro ha enfrentado el resultado del proceso electoral es digno de encomiar. Se trata de una lección de democracia y respeto a la voluntad popular para esa Oposición beligerante. Si bien calificó su resultado como el triunfo de la guerra económica ¨dirigida a vulnerar un modelo de país¨ y señaló el triunfo de la Oposición como un ¨triunfo circunstancial¨, Maduro apostó a la capacidad del pueblo venezolano de ¨hacer historia y enfrentar esta nueva batalla.¨ En su discurso al país la misma noche de las elecciones, a eso de las 12:35 a.m., Maduro recordó que ¨son muchas las conquistas alcanzadas en estos 17 años.¨ Acto seguido indicó: ¨Hemos alcanzado condiciones materiales negadas por mucho tiempo, espacios de participación construidos desde sectores invisibles para el poder y relegados a una seudoparticipación en comicios repartidos entre dos grupos de poder en la oscura ¨IV República¨, la generación de nuevos escenarios políticos de protagonismo popular, la emergencia del proyecto comunal como horizonte estratégico.¨

Con un claro sentido de realidad ante la derrota electoral Maduro señaló: ¨Hemos perdido una batalla pero la lucha en la construcción del socialismo y la nueva sociedad apenas comienza.¨ No es la primera vez que ¨circunstancialmente¨, o ¨por ahora¨, como diría Chávez, que la revolución bolivariana se enfrenta a un revés. Recordemos que así fue como se expresó Chávez cuando el ¨Movimiento Quinta República¨ fracasó en su primer intento de transformar el proceso político en Venezuela. Entonces Chávez expresó que por el momento, el proceso había sufrido un revés. Hoy, ante la derrota electoral en los pasados comicios, el presidente Maduro convoca a los seguidores del proceso revolucionario en Venezuela, a la transformación de esa de esa derrota en victoria asumiendo el despliegue del poder constituyente del pueblo.

A la agresión desde afuera junto a la complicidad y activismo de una derecha opositora, el PSUV y el gobierno del presidente Maduro tiene que sumar una evaluación rigurosa y autocrítica de las causas de esta derrota. Sólo así podrán superase limitaciones propias de un proceso, que en definitiva, también son imputables a errores y desviaciones en la construcción de una nueva sociedad en Venezuela. Sin embargo, el rigor no es sinónimo de silicio a ser utilizado cual monjes de monasterio para alejar malos pensamientos; sino una aproximación metodológica para, a través de la propuesta de rectificación de políticas y errores en la conducción del proceso revolucionario, formular opciones y buscar soluciones a los viejos y nuevos retos que la revolución bolivariana debe seguir enfrentando.

El presidente Maduro ha pedido a su gabinete la renuncia a sus puestos a los fines de hacer una revisión que permita lo que llamó una ¨restructuración, renovación y reimpulso¨ de su Gobierno. De hecho las próximas elecciones presidenciales en Venezuela están pautadas para el año 2019. Es de esperar que durante los próximos cuatro años que quedan de su mandato, la Oposición procurará sacar el máximo provecho a esa ¨mayoría cualificada¨ parlamentaria en un enfrentamiento continuo entre la Asamblea Nacional y la presidencia de la República. Insistirán hasta el límite de lo racional procurar la salida forzada de Maduro de la Presidencia antes de 2019 para completar así el regreso del neoliberalismo a Venezuela: Están tan embriagados del poder que lo harán aún a costa de sacrificar las grandes conquistas alcanzadas en estos 17 años de revolución bolivariana. Utilizando precisamente la democracia participativa instaurada en Venezuela por primera vez con la Constitución de 1999, aprobada bajo el gobierno de Hugo Chávez, intentarán, si no lo hacen fuera de la legalidad constitucional, convocar a mediados del mandato de Maduro a un referéndum revocatorio como también se intentó durante el mandato de Hugo Chávez.

El panorama de la situación en la República Bolivariana de Venezuela, por lo pronto, es muy fluido. Resta aún un mes para el cambio en la composición de la Asamblea Nacional y durante un mes muchos acontecimientos pueden ocurrir en este hermano país. Si bien la Fuerza Armada de Venezuela ha hecho claro su apego a la legalidad, a la Constitución y las normas democráticas establecidas en la misma, cuál pueda ser el comportamiento de la Oposición ganadora en su apego a esas mismas normas y a esa Constitución será un elemento importante en el comportamiento del cuerpo castrense.

Ciertamente la Oposición venezolana ha alcanzado un importante espacio de poder político al asumir el control de la Asamblea Nacional con más de tres quintas partes de los escaños. Se trata de su logro más significativo en 17 años. Habrá que ver si el poder alcanzado lo utilizan en bien del desarrollo político del país o sencillamente para sus propios intereses y los intereses del capital transnacional.

Entre la corrupción y los federales

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

El arresto de un grupo de prominentes ciudadanos acusados de corrupción por agencias del gobierno de Estados Unidos (federales) en Puerto Rico, trae una vez más a nuestra atención dos asuntos de enorme importancia.

Primero, cómo los procesos electorales han sufrido un enorme deterioro moral que los aleja de ser procesos verdaderamente democráticos, al reducirse al mercadeo de candidatos y candidatas como si fueran artículos de uso o consumo. Por eso es que los candidatos y los partidos políticos requieren inmensas cantidades de dinero, para pagarles a las agencias de publicidad, que diseñan las campañas de venta y promoción de los candidatos, como si se tratara de cerveza o papel toalla. Por eso tenemos tantos funcionarios electos altamente incompetentes y mediocres. Ello explica el auge de la corrupción en los partidos políticos que se han repartido la administración del ELA por décadas.

Segundo,
se hace evidente una vez más que el poder real en Puerto Rico no está en La Fortaleza sino en  el edificio de la calle Chardón, donde ubican las oficinas del gobierno de Estados Unidos. Son el FBI y el tribunal federal, y no el gobernador o el secretario de Justicia, los que está timoneando el proceso hacia las elecciones de 2016 y virtualmente dirigiendo el País.

En todo caso, es una situación vergonzosa, que pinta de cuerpo entero la precariedad social en que estamos viviendo y delata la urgencia de cambios profundos en nuestra sociedad.

Traición a la historia: MINH y JH repudian presencia militar en UPR-RP

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(San Juan, 3 de dic. 2015) El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y la Juventud Hostosiana repudian las intenciones de la administración universitaria del Recinto de Río Piedras/UPR de arrendar un espacio para el reclutamiento de puertorriqueños/as a servir en la fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Esto es una ofensa a la historia de nuestra Universidad. Es más que conocido las historias tensas que crearon la presencia de militares en el campus en las décadas de los 60 y 70”, denunció Mikael Rosa, miembro de la Juventud Hostosiana.

La Universidad de Puerto Rico, quedó libre de presencia militar después de fuertes encontronazos entre estudiantes y cadetes. La Universidad es un centro educativo humanista, contrario a la filosofía impuesta por el Gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas armadas. Los choques entre estudiantes y cadetes desembocaron en momentos violentos los cuales incluyeron la muerte de estudiantes y civiles.

“Hacemos un llamado al Rector Carlos Severino para que no permita la entrada de esta dependencia del gobierno de Estados Unidos en nuestro Recinto. Severino conoce bien la historia” señaló Rosa.

Los Hostosianos reclaman sensatez a la administración universitaria. “En momentos en que se hace más que evidente nuestra situación colonial, el MINH no permitirá una agresión como esta”, concluyó Rosa.

 

Vista sobre Puerto Rico en Congreso de EEUU es otro engañabobos

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

No debemos esperar nada de la vista efectuada hoy en el Congreso de Estados Unidos, sobre la economía de Puerto Rico. Se trata de un ejercicio fraudulento, dirigido a dar la falsa impresión de que se hace algo, sin intención alguna de hacer nada en favor de la maltrecha economía del gobierno de Puerto Rico.

No debemos olvidar que  la relación Puerto Rico-Estados Unidos se ha distinguido por la realización de miles de vistas congresionales y  promesas,  que a la larga solo provocan frustraciones y falsas expectativas.

Si hay que dejar de pagar a los bonistas, que se haga. Primero que todo son las responsabilidades gubernamentales ante el Pueblo, en los campos de la salud, educación, seguridad y otros. Los bonistas, que esperen, que bastante se han lucrado a costa nuestra.

Del gobierno de Estados Unidos, responsable primario de cuanto sucede en Puerto Rico debido a la condición colonial prevaleciente, no debemos esperar apoyo alguno. Por eso la vista de hoy es una pérdida de tiempo, un “engañabobos”, un “duérmete nene”, el más reciente de esta larga historia de tomaduras de pelo.