Elecciones 2016

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Escrito por Héctor L. Pesquera Sevillano / Copresidente del MINH

Es curioso que los procesos eleccionarios en Puerto Rico llamen tanto la atención de una buena parte de nuestra población, cuando estos eventos de cada cuatro años no resuelven para nada los dos problemas fundamentales de nuestra gente: la falta de poderes que deriva de nuestra condición colonial y la desigualdad e injusticia que genera el capitalismo salvaje prevaleciente en Puerto Rico.

El colonialismo y el capitalismo no se resolverán mediante el uso exclusivo del proceso eleccionario, sino como resultado de las luchas organizadas de la nación puertorriqueña, entre las que se encuentran los procesos electorales de cada cuatro años. Sin lucha en las comunidades, sindicatos, ambientales, culturales y estudiantiles no es posible adelantar los cambios necesarios en nuestro país.

Los dos partidos políticos que se han alternado la administración gubernamental durante las últimas décadas, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), son protagonistas principales de la debacle financiera en la que nos encontramos. Ambos partidos comparten tanto su naturaleza colonialista como una visión de clase que los convierte en defensores del capital y en antagonistas de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras puertorriqueñas. Esto los descalifica como alternativas para resolver los graves problemas que aquejan a Puerto Rico.

El País no necesita empresarios o magnates financieros para gobernar. Lo que necesitamos es un Proyecto de País descolonizado y libre para tomar las decisiones que nos capaciten para manejar la desigualdad, la corrupción, el desempleo y la larga lista de injusticias en salud publica, educación, recreación y deportes que por décadas nos han acompañado. Necesitamos un gobierno que represente la ruptura con nuestro pasado colonial y la lucha por erradicar el capitalismo salvaje que nos agobia.

La participación de la izquierda en los procesos electorales tiene que venir acompañada de las luchas comunitarias y sindicales que a diario se llevan a cabo en toda la Isla. Las luchas ambientales que hoy se llevan a cabo en Carolina por Playas pal Pueblo contra el Mariott, en contra del incinerador en Arecibo, en el sector magisterial por la salvación del sistema de educación publica, en la Autoridad de Energía Eléctrica en defensa de nuestro patrimonio, por un Sistema Universal de Salud que una magnífica alianza de sectores defiende, el dragado del Caño de Martín Peña y otra multiplicidad de luchas que se desarrollan a diario en todas partes.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) prioriza su atención en las luchas comunitarias, ambientales y sindicales. No es ni pretende ser un partido electoral. Nos gustaría ver a los partidos electorales de izquierda más involucrados en las luchas que cada día desempeña el pueblo en defensa de sus derechos y aspiraciones. Si logramos vincular el proceso eleccionario con las luchas comunitarias y sindicales, que un proceso se nutra del otro y se complemente, entonces estaremos sacándole el máximo a las elecciones de cada cuatro años.

El MINH ha afirmado en múltiples ocasiones que lo más conveniente en términos electorales para nuestro pueblo sería la construcción de un Frente que recogiera las aspiraciones y propuestas del sector progresista del País. Sólo así las luchas comunitarias, ambientales y sindicales que llevamos a cabo miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), del Movimiento Unión Soberanista (MUS), del MINH y de muchos otros ciudadanos en su carácter individual se verán representadas en un proyecto político electoral con capacidad de crecer y masificarse.

Creo que vamos por ese camino de cara a las elecciones del 2020. Las de ahora no las veo con mucho optimismo. Por lo menos en estas próximas elecciones no veo a la izquierda apoyando candidatos del PPD o del PNP. El PIP y el PPT serán recipientes del voto progresista. Pero el camino hacia el Frente anticolonial y anticapitalista es inexorable. Tenemos que hacerlo. Y lo comenzamos ya, para que no se nos haga tarde.

Trump y el apartheid de EUA

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

No hay país en la historia mundial en el que el racismo

haya tenido un papel tan importante y

durante tanto tiempo como en los Estados Unidos.

Howard Zinn

La otra historia de los Estados Unidos

Lo más inquietante de Donald Trump no son sus expresiones racistas. Tampoco la arrogancia del típico burgués que se ha enriquecido a costa del trabajo de otros. Ni el desprecio que muestra a cada instante contra los latinoamericanos.

Lo que más debe preocuparnos es la enorme cantidad de personas que piensan como Trump en Estados Unidos. Lo más peligroso es que Trump se ha convertido en el portavoz de un importante sector de esa sociedad, que muestra su intolerancia  por el número indetenible de “no blancos” que van poblando ese país. Lo más escandaloso es la impunidad con la que este sujeto agrede verbalmente, amenaza, insulta y hace lo que le viene en gana, mientras muchos poderosos e influyentes en esa nación le ríen las gracias y lo celebran.

Las insolencias de Donald Trump no se dan en el vacío. Vienen acompañadas de numerosos asesinatos y agresiones contra ciudadanos afrodescendientes cometidos durante los pasados años; de la construcción de un muro en la frontera con México y de ataques contra todo aquel que no sea White Anglosaxon Protestant (WASP).

No es un problema reciente. Sus raíces se remontan en la historia de Estados Unidos. El racismo y el discrimen étnico, cultural y nacional se han convertido en una suerte de idiosincrasia de esa sociedad; una infección que prevalece a pesar de una guerra civil y de interminables luchas en las calles y ciudades, de montañas de leyes e innumerables víctimas inocentes.

Es un asunto que nos concierne a los puertorriqueños y puertorriqueñas, sobre el cual no podemos ser indiferentes. Nuestra población emigrante ha sufrido en carne propia y por décadas el atropello racial, la discriminación cultural-nacional y la explotación económica en Estados Unidos. Los sufrimientos han sido muchos. Las injusticias, incontables.

Ahora, cuando más de cuatro millones de boricuas radican en Estados Unidos, no es exagerado decir que la seguridad de estos compatriotas está en entredicho. Máxime cuando se anticipa que ese mismo partido Republicano del que Trump es figura central, ganará las elecciones de 2016. Quiere decir que de aquí a poco más de un año el racismo y la fanfarronería  serán  gobierno en Estados Unidos, irrespectivamente de que Trump sea o no el candidato presidencial de dicho partido.

Resulta difícil entender cómo hay algunos anexionistas—como Luis Fortuño o Jennifer González, por ejemplo– que se proclaman Republicanos, a sabiendas del desprecio que nos tienen, de lo retrógradas que son y sobre todo de lo peligrosos y amenazantes que han demostrado ser.

Ese mismo Trump es quien se ha hecho dueño de muchas de las mejores tierras del litoral del municipio de Río Grande, convertidas en lugares exclusivos para ricos extranjeros.

Es cierto que no todos los estadounidenses piensan ni actúan como Donald Trump. Que muchos recienten su soberbia y no discriminan contra nadie por razón alguna; que el pueblo estadounidense lo conforma mucha gente buena, incluso víctima de los abusos de ricachones como Trump. Esos son nuestros amigos y aliados.

El problema es que el racismo, la xenofobia y el discrimen de todo tipo se propagan a diestra y siniestra en una sociedad como esa, que se ha forjado por siglos en la cultura de la desigualdad y la supremacía racial.

Por eso a Donald Trump y a quienes piensan como él hay que atacarlos de frente, sin titubeo, con absoluta firmeza. Denunciarlo como la lacra neofascista que es.

El MINH solidario con paro magisterial

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El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), se solidariza con el paro de maestros y maestras denominado Día Nacional en Defensa de la Escuela Pública que se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 10:00 de la mañana, frente al Capitolio en San Juan.

El MINH coincide con las organizaciones convocantes en cuanto a la necesidad de detener el PS 1456, el cual implicaría la privatización de escuelas a través del sistema conocido como Charter School. Mediante el mismo, la administración de cientos de escuelas pasaría a entidades privadas, con lo cual se colocaría la educación de nuestra niñez y juventud bajo la lógica del mercado. Se pretende así que el gobierno delegue en entes privados su función de proveerle educación de calidad al pueblo.

Por otro lado, el llamado Plan Bhatia intenta lesionar más aún los derechos de los/as trabajadores/as de la educación, sector ya agobiado por las políticas establecidas por esta y pasadas administraciones. De aprobarse el mismo, no se respetarían las listas que actualmente regulan el nombramiento de maestros/as, con lo cual se podrían nombrar personas con menor preparación y experiencia. Las empresas administradoras establecerían sus criterios de contratación. Igualmente, la estabilidad laboral de los/as educadores/as estaría en juego.

El MINH exhorta a todas las personas preocupadas por la educación de nuestro País, pero en especial a los padres y madres de los estudiantes, a apoyar a los/as maestros/as en lucha porque la educación pública siga siendo pública. La educación de nuestros niños/as y jóvenes no puede convertirse en una mercancía más.

 

La planificación acorralada

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Escrito por José E. Rivera Santana / MINH

Tres eventos importantes y paradójicos ocurrieron la semana pasada y se suman a lo que parece una repetición del despelote frecuente que caracteriza nuestra realidad, porque, desafortunadamente, hace tiempo que lo lógico, lo normal, lo que se supone que el conocimiento y la experiencia humana nos ayude a identificar con racionalidad, tropieza con su contrario. Dejaron de tener sentido común cosas básicas: lo que es primero de lo después, subir el primer escalón para llegar al último, los buenos días antes de las buenas tardes.

Ocurrió el primer evento. Del 1ro. al 7 de noviembre se celebró la Semana de la Planificación, evento recurrente y anual. Sin embargo, este año cobraba un significado especial pues coincidía con el 60 aniversario de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP). Seis décadas no son pocos años. Y con acierto la Junta de Directores de la SPP decidió que su lema para este año sería: “Buenas prácticas de planificación: yo mejoro mi ciudad”. Como es costumbre, la proclama gubernamental “reconoció” la importancia de la planificación y el papel de los planificadores. Su promulgación y lectura es un ritual, ocurre igual con otras profesiones. Es un acto estrictamente ceremonial, sin trascendencia y con muy poco significado práctico. Pero en esta ocasión, lo que no se anunció fue lo peor, porque su omisión se convirtió en una especie de ofensa a los planificadores y un mensaje decepcionante para el País.

Se sabe (por expresiones públicas del Presidente de la Junta de Planificación) que el Plan de Uso de Terrenos (PUT) hace meses que está listo y solo espera la firma o la aprobación del Gobernador. De entrada, la dilación en su firma levanta sospechas, con sobrada razón. La experiencia nos dice que los esfuerzos anteriores fueron bloqueados y al menos una gobernadora y un gobernador cedieron a la presión del sector de la industria de la construcción y de la banca, que siempre se han opuesto a la aprobación del PUT. Esos sectores prefieren la anarquía en los usos del suelo antes que enfrentarse a las reglamentaciones que le den racionalidad, seguridad y certeza a la ciudadanía y proteja el interés público. Para los desarrollistas y banqueros, su afán de lucro, la ganancia fácil y rápida, son sus motivaciones principales, no importa que sea a costa de la sustentabilidad del País e incluso violando las normas y leyes existentes.

Pues bien, ¿qué mejor ocasión para que el Gobernador hubiera anunciado la firma y la aprobación del Plan de Uso de Terrenos en la Semana de la Planificación y en el 60 aniversario de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación? Este hecho hubiera sido un ejemplo contundente de “Buenas prácticas de planificación”. Incluso, si de verdad Alejandro García Padilla tenía el compromiso para aprobar el PUT, como anunció hace poco más de un año, la ocasión de oro para completar su “promesa” la dejó pasar. ¿O será que la “promesa” fue comprada o secuestrada por los mismos sectores que en el pasado lograron cancelarla? La sospecha es real y crece por la aparición del segundo evento, veamos.

Ocurrió el viernes 6 de noviembre. Aún sin terminar la Semana de la Planificación, el Gobernador anunció la firma de dos órdenes ejecutivas con el propósito de, nuevamente, revisar los procesos de permisos y acelerar la otorgación de los mismos. El anuncio lo hizo en la Convención de la Asociación de Constructores “de Hogares”. ¡Más claro, imposible!

Lo cierto es que ese tipo de anuncio se ha convertido en un ritual de todos los gobernadores en los pasados 15 años. A los constructores y desarrollistas le prometen lo que ellos quieren escuchar: “permisos expeditos, fáciles, irrevocables, finales y firmes”. De los pasados gobernadores, Luis G. Fortuño fue quien llegó más lejos. La aprobación en el 2009 de la Ley 161 representó un ataque frontal, abierto y descarnado contra la planificación y los procesos de participación ciudadana al extremo que penalizó el derecho de los ciudadanos y comunidades a protestar y expresar sus reclamos. Se llegó a tal descaro que se legalizó el fraude, la falsedad y la malicia.

La Orden Ejecutiva 2015-42 se convierte en el nuevo obsequio y gesto de pleitesía del gobernador de turno. Mediante esta orden, se crea el Comité de Reforma de Permisos que, como reza su nombre: tendrá la encomienda de revisar todos los procesos de permisos y someter recomendaciones. Pero, además, debe someter al gobernador “una lista de proyectos que considere prioritarios que requieran procesos de permisos expeditos.” El Comité de Reforma, según dispone la Orden, quedaría compuesto por el Subsecretario de la Gobernación, la Directora Ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Asesora de Infraestructura del gobernador y por un representante del sector privado a ser nombrado por el gobernador de turno. ¡Bingo! Dejaron fuera del Comité a la Junta de Planificación, a representantes de las comunidades, así como a los planificadores y a las organizaciones ambientalistas. ¿Podrá haber mayor ofensa a los planificadores en su semana? El contraste es claro y provoca rabia. Mientras se pueden firmar órdenes ejecutivas para complacer a los desarrollistas, se “olvidan” de firmar el PUT, que debe ser el instrumento para guiar el desarrollo y darle sentido y certeza al sistema de permisos. Nuevamente se pone la carreta al frente de los bueyes. Olvidan que la planificación va primero –eso es lo que representa el PUT–y luego va el sistema de permisos.

Conviene dejar claro que el sistema de permisos no es un instrumento para el desarrollo económico. Es importante insistir en esta aclaración porque con frecuencia escuchamos funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes y alcaldesas expresar lo contrario. El sistema de permisos tiene como primer objetivo proteger el interés público. Esa es su finalidad. Es el Plan de Uso de Terrenos el instrumento para guiar el desarrollo. Por eso resulta una absoluta barbaridad insistir en reformar los procesos de permisos sin antes contar con el PUT.

Pero la realidad es que la planificación ha sido ninguneada y marginada en la gestión pública en nuestro País. El desprecio no es nuevo, ni siquiera de los pasados 20 años. Tal vez se inició a finales de la década del cuarenta del siglo pasado cuando comenzaron a quitar poderes y funciones a la Junta de Planificación, contrario a lo que había sido su concepto y propósito original. De allá para acá, las prioridades, las políticas y la implantación de las normativas planificadoras han sido un tortuoso camino intervenido y dominado por el bipartidismo y los sectores económicamente poderosos cuyos intereses se han impuesto en la mayoría de las ocasiones sin disimulo.

De nuevo, el afán de lucro, la ganancia fácil y rápida es la antítesis de la planificación, de los planes a mediano y largo plazo. Para quienes se benefician, disfrutan y enriquecen de la anarquía, poco importa la seguridad de los ciudadanos, las comunidades y el pueblo en general. Las consecuencias son duras y de alto riesgo para la vida y la propiedad. Y como si la realidad quisiera darnos una causalidad, se presentó el tercer evento.

También ocurrió la semana pasada. Las imágenes son impactantes. En el Municipio de Ceiba, una sección de la urbanización Las Lomas pende del vacío por el deslizamiento del terreno. Varias residencias pueden desplomarse y desaparecer. ¿Qué pasó con los permisos emitidos para esa construcción? La empresa que sometió la documentación requerida, los estudios de suelo, los diseños de ingeniería, ¿cumplió con las reglamentaciones? Los funcionarios que la evaluaron ¿lo hicieron con rigor o fue resultado de la insistencia de fuerzas políticas que forzaron la emisión expedita de los permisos? ¿Quién o quiénes fueron los alquimistas de esos permisos?

Otros eventos como el de Ceiba han ocurrido en el pasado reciente. En el 2013, la urbanización Villa España en Bayamón fue afectada por el derrumbe de rocas y el deslizamiento de terreno provenientes de un mogote. Anteriormente se destacan otros casos como los ocurridos en la urbanización Valle de Aramaná y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Corozal, las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí, el complejo residencial Estancias de la Fuente en Toa Alta, la comunidad del barrio Unibón en Morovis, la urbanización Cerca del Cielo en Ponce y la comunidad de Alturas de Bélgica en Guánica. La lista es larga pero no hay necesidad de que siga creciendo. Es tan sencillo como respetar los procesos de planificación, reconocer la información científica sobre nuestro entorno natural y establecer y respetar los controles, las normas y las reglamentaciones.

Colocar la planificación contra la pared es conspirar contra la seguridad y los derechos de toda la sociedad y, aún más, contra la seguridad del planeta, pues el cambio climático nos obliga a revisar todas las normativas y prepararnos para lo que, sin duda, es el principal desafío que enfrenta la humanidad.

Dos partidos y las próximas elecciones

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Escrito por Noel Colón Martínez / MINH

El periódico El Nuevo Día nos ha obsequiado, a un año de las próximas elecciones generales, otra de sus acostumbradas encuestas sobre el resultado de las mismas. El País parece paralizarse, y en muchos sectores hasta deleitarse, con los resultados porque en la inacabable e insufrible división interna, a la que estamos abocados, que algún jefe de tribu prevalezca sobre el otro jefe de tribu produce mucha alegría insana de un lado, o angustia y honda preocupación de otro lado.

Cuando la encuesta apunta a que el que ganó antes perderá, en vista de la gran politización que permea el ambiente político, muchas familias que llegaron a resolver muchos problemas inmediatos porque su partido resultó ganador piensan, con mucha razón, que su suerte y la seguridad de su familia puedan cambiar para lo peor. En un clima menos politizado y mejor organizado políticamente una elección general no debiera generar esos temores en tantas familias. En Puerto Rico los genera y las encuestas de El Nuevo Día, que tantas veces fallan en sus pronósticos, nos repiten las recetas varias veces haciéndonos pensar y creer que hay asuntos de otra naturaleza envueltos. Mucha gente piensa que en la semana de las encuestas se venden más periódicos o que se intenta influir indebidamente en el resultado electoral empujando a algunos y deteniendo a otros. O las dos anteriores.

Aquí no hay encuesta que valga. Un país que la magnitud de sus problemas lo ha obligado a tocar fondo y que carece de las herramientas para restablecer su orden interno; que no puede recurrir a tomar medidas que el resto del mundo accesa para proteger su integridad y la seguridad, salud, educación y un alto grado de normalidad y felicidad colectiva, valiéndose del ejercicio de sus poderes públicos, no puede atenerse a pronosticar el éxito de sus políticas y de sus políticos porque su vulnerabilidad es de tal naturaleza que sólo factores y decisiones foráneas determinarán el curso de los acontecimientos.

No podemos tratar de dorar la píldora por más tiempo. Si Estados Unidos, o sea, Obama por un lado o el Congreso Republicano por el otro, se ponen de acuerdo en que el próximo gobernador de nuestro país debe ser Pedro Pierluisi, Pierluisi estará jurando el cargo en enero de 2017. Pero si esas fuerzas foráneas deciden que debe ser David Bernier, las cosas ocurrirán en el orden en que convengan para que nuestra gente vaya derechita a los colegios electorales a votar por Bernier. No es que probablemente así ocurrirá, es que así es como ha ocurrido siempre. Ése es el marco esencial de nuestra política.

Luis Muñoz Marín, siendo muy joven, se conectó con la administración de Franklin Delano Roosevelt en la década del treinta del siglo 20. Muñoz y su partido Liberal estaban en minoría en Puerto Rico. Eran años de graves estrecheses económicas que habían desatado un fuerte reclamo para que Estados Unidos desatara el nudo colonial. El reclamo mayor y más enérgico lo protagonizó Don Pedro Albizu Campos y su confrontación directa con ese régimen. Pero el gran usufructuario lo fue Luis Muñoz Marín, a quien la administración Roosevelt condujo de la mano al poder y lo convirtió en el político electoral más exitoso de nuestra historia. Desde esa experiencia histórica los más versados han quedado convencidos de que en Puerto Rico gobierna siempre un pupilo de Estados Unidos. No quiere decir que los poderes de allá estén siempre totalmente de acuerdo con un candidato, sino que esté meridianamente claro que el candidato no representa una amenaza a la estabilidad del sistema colonial.

Tradicionalmente los candidatos que promueven la estadidad no han sido considerados por los poderes de allá como contendores a los que hay que detener. La razón ha sido, a mi juicio, sencilla. Los candidatos de aquí han sido tan irresponsables en la defensa de lo que dicen creer y defender como los dos partidos principales de allá. Ahora mismo el Partido Republicano tiene una promesa de defender la estadidad para Puerto Rico. Todos sabemos, sin embargo, que esas promesas se incluyen en la plataforma del partido por razón del dinero que se aporta a la campaña sin ningún compromiso real. Ese claro entendimiento es el que no permite la protesta de los supuestos Republicanos de acá por el incumplimiento. Todos juegan el mismo juego.

La evidencia de que la estadidad no está en el radar de los partidos de allá ha producido unos amagos por parte de algunos estadistas para tratar de forzar la marcha y han empezado a hablar del plan Tennessee o de un plebiscito que ponga a ganar la estadidad en Puerto Rico. El caso que le han hecho a Pierluisi en el Congreso con su proyecto de estadidad es el último exhibit de por dónde anda Puerto Rico en el radar del Congreso. Ya algunos estadistas empiezan a mostrar no solo inquietud sobre la indiferencia de los poderes allá sino cansancio, molestia y algún grado de rebeldía contra el trato despectivo. Thomas Rivera Schatz puede ser un ejemplo de esa impaciencia.

El Partido Popular Democrático (PPD), que luce débil ante la inminente renuncia de Alejandro García Padilla a sus intentos de luchar un nuevo término, está aún más débil ante la imposibilidad de defender el programa de gobierno que prometió ejecutar en la pasada campaña electoral. Creo que muchos soberanistas votaron por ese partido por razón de su compromiso con echar a caminar el proceso conducente a la convocatoria de una Asamblea Constitucional de Estatus. Ya los soberanistas le habían enviado un inequívoco mensaje cuando votaron masivamente a favor de un ELA soberano en el plebiscito celebrado en el 2012. Aunque otros puedan tener opiniones diferentes, creo que haber olvidado su compromiso y haberse aliado con los que están en contra de esa convocatoria selló su destino político. Es cierto que el haber condonado, al llegar a Fortaleza, el comportamiento corrupto de la administración Fortuño, dejó perplejo al País. Ningún gobernador tiene derecho a pasar la página ante el abuso de propiedad y fondos del pueblo de Puerto Rico, ya sea por un gobernador anterior o por cualquier funcionario. Ningún gobernador tiene el derecho, igualmente, de aliarse con los enemigos de las promesas programáticas de su partido. Esa conducta es imperdonable porque rompe una cierta relación de fiducia, de confianza, con los que depositaron su voto por el PPD. Rota la confianza, el apoyo futuro siempre entra en dificultades mayores.

Es más grave aún. El candidato que venga a sustituir a García Padilla como aspirante a la gobernación cargará con esa irresponsabilidad política, sea o no parcialmente responsable del incumplimiento. Tendrán que venir señales muy claras de que se toma un camino de combate al colonialismo y de afirmación de los valores de una relación soberana con Estados Unidos. El daño que estos dos partidos le han hecho al país no se limita al aspecto de la deuda o de los problemas contributivos o administrativos. El daño profundo se le ha infligido a la dignidad de este pueblo y su capacidad para confiar en sus posibilidades. Reparar ese daño será muy difícil para ambos partidos.

En este momento el País sabe que en el fondo su problema es de poderes, de soberanía política, de integridad política y de dignidad política. Con esos dos partidos disputándose, qué se yo qué, como decía Hostos, le están haciendo muy difícil la participación política a los puertorriqueños.

Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y la JH emplazan a Energy Answers

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San Juan – Ante la falta de transparencia en el proceso de otorgación de permisos a la planta incineradora en Arecibo, tanto el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, como la Juventud Hostosiana (JH), emplazaron a la empresa Energy Answers a un debate público.

“Si Energy Answers (EA), sus cabilderos y supuestos científicos no tienen nada que esconder, los invitamos a dar cara al país”, puntualizó el portavoz Ángel Pérez Soler.

El martes en la mañana, miembros de MINH y del Partido del Pueblo Trabajador realizaron una manifestación que impidió el paso de los trabajadores a las oficinas de la empresa en un acto de desobediencia civil en repudio de la propuesta incineradora para Arecibo. A raíz de la manifestación, la compañía Energy Answers, emitió un comunicado de prensa, donde señaló que sus permisos estaban amparados en ley y que la compañía siempre “ha estado abierta a contestar cualquier pregunta relacionada con la nueva instalación”, señaló Alexis Molinares asesor de EA.

“Si es cierto que la compañía está dispuesta a contestar nuestras dudas; ¿por qué se niegan a realizar vistas públicas ante la Junta de Planificación? ¿Por qué se amparan en los permisos que fueron emitidos en una supuesta emergencia energética que se probó que fue una farsa para impulsar la propuesta del gasoducto?, señaló Pérez Soler. Al momento, los grupos que se oponen al incinerador, batallan en los tribunales para que la Junta de Planificación realice vistas públicas, ya que el permiso emitido por dicha agencia, se realizó en 2009, bajo la orden ejecutiva de Luis Fortuño, que señalaba una emergencia energética para el país, que tenía detrás la aprobación “fast track” del gasoducto, propuesta que el pueblo repudió.

“Nosotros/as, comprometidos con que el País tome decisiones de manera informada, que creemos en la participación ciudadana y en el debate de altura, nos comprometemos a organizar un foro público nacional, donde ambas partes expongan sus preocupaciones y lancen sus propuestas. Esperamos por ustedes. Si su compromiso es con el País y no con los chavos, aceptarán la invitación”, finalizó Pérez Soler.

Por su parte, el MINH y la Juventud Hostosiana se reafirmaron en su compromiso ambiental, advirtiendo que continuarán presente en la calle impulsando la propuesta de Basura Cero.

 

minh-rt-wilmaEn un nuevo episodio de ‘Entrevista’, el corresponsal de RT Oliver Zamora ha hablado con la activista puertorriqueña y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, quien ha denunciado el impacto destructivo que tiene la política de Estados Unidos en la economía de Puerto Rico.

Por ley, Puerto Rico debe importar y exportar cualquier producto mediante la Marina mercante estadounidense, que es la más cara del mundo. Esta obligación tiene un efecto inflacionario, de modo que en este país los productos pueden valer hasta un 40 % más que en otros lugares, según ha denunciado Wilma Reverón Collazo, quien estima que este tema se convierte en una “cuestión de seguridad alimentaria”.

La activista ha criticado que, como consecuencia de las políticas neoliberales impuestas a Puerto Rico en 1952, ahora su economía sirve a los intereses de Estados Unidos y el dinero que se genera no lo aprovecha su pueblo, sino que sale de la isla.

Asimismo, la copresidenta del MINH ha denunciado que las grandes corporaciones estadounidenses están destruyendo el comercio local puertorriqueño y que, a pesar de la crisis fiscal de Puerto Rico, EE.UU. ni les ayuda ni les permite refinanciar su deuda.

“Actualmente, Puerto Rico se encuentra entre la espada y la pared: ni tiene soberanía para resolver sus problemas, ni Estados Unidos asume sus responsabilidades allí”, ha denunciado la activista, quien considera que “cada vez se hace más evidente que la falta de poderes soberanos nos impide solucionar nuestra crisis fiscal”.

Para finalizar, Wilma Reverón Collazo recuerda que “en 117 años de colonialismo de EE.UU., Puerto Rico ha sido depauperado, reprimido, explotado y asimilado”. Al respecto, la activista ha subrayado que Oscar López Rivera es un símbolo de la lucha por la independencia del país.