La nueva Resolución en contra del Bloqueo a Cuba de 2015

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Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH

El pasado martes, en una votación histórica, con la participación de la totalidad de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 191 países a favor de la Resolución, 2 países en contra, Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención, la comunidad internacional se expresó condenando el bloqueo impuesto hace ya más de medio siglo por Estados Unidos a la República de Cuba.

A diferencia de la Resolución aprobada el pasado año, donde Micronesia, Palau e Islas Marshall se habían abstenido, este año, estos territorios que mantienen con Estados Unidos diferentes tipos de pactos de libre asociación, votaron en favor de la Resolución. La misma recoge el consenso internacional más amplio alcanzado desde 1992 cuando se presentó la primera Resolución por parte de Cuba, en contra del criminal bloqueo.

 

En su alocución ante la Asamblea General previo a la votación, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo referencia a las palabras del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama reconociendo el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba como una política fracasada y obsoleta, la cual no ha cumplido a lo largo de más de medio siglo los objetivos trazados. Señaló de paso que el bloqueo ¨provoca daños al pueblo cubano y aislamiento al gobierno de Estados Unidos.¨ Reconoció, sin embargo, como positivas las medidas adoptadas por la Administración Obama, aunque indicó que sólo modifican de manera muy limitada los fundamentos principales en los cuales el bloqueo se ha sostenido durante décadas.

Para el Canciller cubano, la eliminación de Cuba de la lista confeccionada por Estados Unidos de países que conforme a su política exterior son promotores del terrorismo, lista donde Cuba jamás debió haber estado incluida, fue ¨la rectificación de un absurdo¨. Indicó de paso que tal acción ¨apenas ha tenido consecuencias en la implementación del bloqueo, sustentado en sanciones y leyes previas mucho más abarcadoras.¨ De acuerdo con Rodríguez, muchas de las medidas propuestas por la Administración Obama no podrán ser implementadas a menos que se adopten otras medidas que le permitan a Cuba la exportación e importación de productos y servicios hacia y desde Estados Unidos; el uso de la moneda estadounidense en transacciones internacionales; el acceso para Cuba operar tal tipo de moneda en bancos de terceros países; y también el acceso a créditos y financiamiento por parte de entidades financieras internacionales privadas y públicas.

Indicando que el 77% de la población cubana ha nacido luego de establecidas las medidas de bloqueo por parte de Estados Unidos, estimó los daños económicos contra el país en $833,755 millones según el valor del oro, aunque a precios corrientes, sería de $121,192 millones. Este aspecto de las compensaciones económicas por los daños ocasionados por el bloqueo a Cuba, ha indicado el Presidente del gobierno cubano, Raúl Castro, forma parte de la agenda de puntos sujetos a discusión por las partes dentro del proceso eventual y evolutivo del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. De hecho, como parte del diálogo a ser desarrollado por ambos países, el Canciller anunció que las partes han dado inicio a la discusión sobre los derechos humanos.

De acuerdo con la página electrónica de la BBC Mundo, en su edición el pasado 27 de octubre, bajo el título ¿Por qué a pesar del acercamiento EE. UU. rechazó en la ONU condenar el embargo a Cuba?, si bien se había generado una expectativa de cómo votaría este año Estados Unidos ante el restablecimiento de relaciones entre ambos países; la publicación señala que desde un punto de vista práctico, ¨la posibilidad de apoyar la resolución era cuesta arriba¨. El razonamiento para ello es que de haber votado a favor de la Resolución hubiera supuesto para Estados Unidos votar contra una de sus propias leyes, dado que la Ley Helms Burton condiciona el fin del bloqueo a una serie de exigencias que para Cuba serían inaceptables. Equivaldría a colocar en entredicho las propias leyes de Estados Unidos ante la comunidad internacional.

El Canciller cubano fue claro en su discurso cuando señaló que el ¨pueblo cubano no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente ha escogido de construir un socialismo más justo, eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y democrático.¨ La Ley Helms-Burton pretende imponer a los cubanos el regreso al capitalismo, la democracia burguesa y la derrota del socialismo.

Si bien indica la BBC que el gobierno estadounidense también consideró la opción de abstenerse en la votación, el resultado hubiera sido consentir, sin oponerse, a una Resolución ¨que ataca directamente una de sus leyes¨, lo que sería ¨algo inaudito.¨ El gobierno cubano, por su parte, ha indicado que mientras no se derogue el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra su país, cada año continuará presentando su proyecto de Resolución contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, procurando su condena ante la Asamblea General de la ONU.

Existe un documento preparado por el gobierno cubano titulado Informe sobre Cuba, el cual gira en torno a la Resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo, emitido en junio de 2015, se titula ¨Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba¨. En él Cuba nos ofrece una pormenorizada relación de las consecuencias del bloqueo hacia este hermano país. El documento recoge distintos ejes temáticos tales como: (a) la vigencia de las leyes del bloqueo; (b) las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama y sus limitaciones; (c) la prerrogativas que tiene el presidente estadounidense para continuar modificando la aplicación del bloqueo a Cuba sin tener que recurrir al Congreso; (d) las principales medidas adoptadas por Estados Unidos luego de los anuncios hechos en Washington y La Habana sobre el restablecimiento de relaciones entre los dos países; (e) las afectaciones que ha traído el bloqueo para el pueblo cubano en sectores como la salud, la educación, el deporte, la cultura y el derecho al desarrollo; (f) las afectaciones particulares del bloqueo sobre la economía cubana; y (g) cómo el bloqueo representa la violación sistemática del derecho internacional y los efectos de su aplicación extraterritorial.

El documento presenta también la síntesis de cómo en el propio Estados Unidos, ha ido ampliándose el rechazo al bloqueo impuesto a Cuba, sostenida tal conclusión en importantes sondeos y encuestas realizadas por instituciones estadounidenses; las diferentes medidas legislativas impulsadas y dirigidas a derogar en unos casos, la totalidad del bloqueo, y en otros casos, a eliminar restricciones en cuanto al comercio y en materia de viajes. También el documento recoge ampliamente la oposición que a nivel de la comunidad internacional se ha desarrollado en contra del bloqueo.

Señala el documento como parte de sus conclusiones, que el bloqueo no es meramente un asunto bilateral entre Cuba y Estados Unidos ya que, por sus efectos sobre terceros, el bloqueo también violenta ¨con total impunidad el Derecho Internacional y en particular el principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.¨

De acuerdo con las autoridades cubanas, la Administración Obama tiene, aún dentro del marco restrictivo que impone la Ley Helms-Burton, la flexibilidad necesaria para adoptar mayores medidas favorables para la normalización de relaciones entre ambos países, claro está, si de verdad existiera en Estados Unidos la voluntad de acelerar el fin del bloqueo a Cuba. Las medidas que relaciona el documento son las siguientes:

¨1. Autorizar el uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba.

2. Consentir que estas transacciones se realicen a través del sistema bancario de EE. UU.

3. Posibilitar a entidades cubanas (bancos, empresas, etc.) abrir cuentas corresponsales en banco de EE. UU.

4. Instruir a los representantes de EE. UU. en las instituciones financieras internacionales que no obstaculicen el otorgamiento de créditos u otras facilidades financieras a Cuba.

5. Revertir la política de persecución financiera contra Cuba.

6. Autorizar que aviones y embarcaciones cubanas transporten viajeros, carga y correo postal entre los dos países.

7. Autorizar las exportaciones directas a Cuba de productos estadounidenses.

8. Permitir que Cuba importe desde terceros países productos que contengan más de un 10% de sus componentes norteamericanos.

9. Permitir las importaciones en EE. UU. de servicios cubanos o productos que constituyen rubros exportables de la economía cubana como el tabaco, el ron, productos de biotecnología, incluyendo productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas como níquel o azúcar.

10. Autorizar a las compañías norteamericanas realizar inversiones en Cuba.

11. Eliminar el límite al valor de los productos cubanos que pueden ser importados por los viajeros estadounidenses que visitan Cuba, para uso personal o como regalos.

12. Autorizar a los ciudadanos de EE. UU. a recibir tratamientos médicos en Cuba.

13. Permitir la concesión de créditos, préstamos y financiamiento en general a Cuba, para la adquisición de productos en el mercado de EE. UU. (con excepción de los agrícolas, que están prohibidos por ley).¨

De acuerdo con las autoridades cubanas, los únicos renglones sobre los cuales realmente existen impedimentos por parte del Congreso se limitan a: (a) La prohibición de subsidiarias de EE. UU. en terceros países a comerciar bienes con Cuba (Ley Torricelli); (b) La prohibición de realizar transacciones con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas por Cuba (Ley Helms-Burton); (c) El impedimento a los ciudadanos de Estados Unidos de viajes a Cuba con propósitos turísticos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000); (d) La obligación de pagar en efectivo y por adelantado aquellas compras de productos agrícolas por parte de Cuba en Estados Unidos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones de 2000).

El bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba comenzó con la Ley de Asistencia Exterior de 1961 donde se autorizó a su Presidente a establecer un llamado ¨embargo¨ total al comercio con Cuba. Esta medida inicial, fue seguida por la ¨Proclama Presidencial 3447¨, de fecha 3 de febrero de 1962, seguidas por las ¨Regulaciones para el Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro¨ de 1963; la ¨Ley para la Administración de las Exportaciones¨ de 1979; de las ¨Regulaciones para la Administración de Exportaciones¨ de 1979; la ¨Ley para la Democracia Cubana¨(Ley Torricelli) de 1992; la ¨Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana¨(Ley Helms-Burton); la Sección 211 de la ¨Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia para el año fiscal 1999¨; y finalmente, la ¨Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones¨ del año 2000.

Previo a la más reciente Resolución, con diferentes números en cuanto a votos a favor, votos en contra y abstenciones, en 23 ocasiones consecutivas la comunidad internacional se ha expresado en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Con la nueva Resolución ya suman en total 24 las expresiones de la comunidad internacional contra una política que el documento define como ¨absurda, ilegal y moralmente insostenible.¨

Para el pueblo cubano la resistencia a lo largo de más de medio siglo de sanciones ha tenido un gran costo. Se trata de un largo proceso donde, sin la valentía heroica del pueblo cubano, del sentido de dignidad sembrado en su conciencia histórica por su Apóstol, José Martí, y sin el ejemplo incrustado en su memoria, afinado por el sacrificio histórico de sus combatientes y dirigentes, jamás se habría llegado tan lejos. Se trata de un desafío aún inconcluso, un combate desigual entre el David caribeño y antillano, frente al Goliat imperial.

Cuba necesita la más resuelta solidaridad de todos los pueblos del mundo en esta lucha por poner fin, de una vez por todas, a un bloqueo criminal. Tomando prestado del propio José Martí sus palabras, aún desde la distancia de más de un siglo, afirmamos que quien sigue levantándose hoy por Cuba, sigue levantándose para todos los tiempos.

Sentimientos encontrados

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Escrito por Héctor L. Pesquera Sevillano / Copresidente del MINH

La industria de la salud –hospitales, planes médicos, laboratorios y consumidores, entre otros- ha convocado a una marcha por la salud para exigir que a Puerto Rico apliquen las mismas normas y tarifas que a los 50 estados de EEUU en materia de Medicaid y Medicare.

Medicaid es un programa federal que asigna fondos para atender a la población que no tiene recursos para pagar un plan médico. Medicare, por el contrario, es un seguro médico que pagamos los trabajadores y trabajadoras durante nuestra vida productiva, para contar con una cobertura médica una vez nos jubilamos o cumplimos los 65 años de edad.

Medicare, por lo tanto, es un derecho adquirido que es propiedad del ciudadano que lo ha comprado durante largos años de trabajo y grandes aportaciones de dinero. Aportamos lo mismo que cualquier ciudadano estadounidense y, sin embargo, aplican descuentos de 25% en el pago a Puerto Rico para servicios de salud. Esto es totalmente injustificado, ilegal y discriminatorio. Eso hay que combatirlo y resolverlo de inmediato.

Los fondos Medicaid son aportaciones del gobierno federal para asistir a la población que se encuentra bajo los niveles de pobreza en cada estado o territorio. Aquí también somos discriminados los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Hemos planteado en un sinnúmero de ocasiones que el problema de salud en nuestro país no es por falta de dinero. Tener más presupuesto para la salud sería echar más dinero en un barril sin fondo del que se lucran descaradamente los intermediarios y planes médicos.

Según el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), nuestro gasto per cápita en servicios de salud, tanto física como mental, es de $2,800 anual. Eso equivale a un gasto anual global de sobre $10,000 millones. Ese gasto en salud representa el 18.5% del PNB, uno de los más altos del mundo, con el agravante de que aun así, quedan 400,000 puertorriqueños y puertorriqueñas sin cubierta médica.

A modo de ejemplo, miremos el caso de España, que con un sistema universal de salud accesible a todos y de la más alta calidad, invierte solamente el 8.6% de su PNB en salud, proporcionalmente menos de la mitad de lo que gastamos en Puerto Rico. El índice de mortalidad infantil en España es de 3.39% comparado con el de Puerto Rico que es de un 8.23%. La conclusión se cae de la mata: si se gasta mucho y los resultados son pobres, lo que tenemos no funciona.

Nuestra propuesta:

Proponemos un sistema fundamentado en la salud como un derecho humano de todos y todas, centrado en el paciente; un modelo de salud integrado para todo Puerto Rico, con énfasis en el cuidado primario y la prevención.

Como primer paso, con el fin de evitar que el sistema de salud público siga el curso de deterioro progresivo en que se encuentra y su eventual colapso, proponemos como lo han hecho otros sectores del País, establecer el modelo de pagador único. Es decir, una oficina gubernamental que sea la responsable de contratar proveedores y pagar directamente por los servicios prestados, tal y como hace actualmente la ACAA. De esta manera se eliminarían las compañías aseguradoras como intermediarios en el sistema de salud pública y se utilizarían esos millones de dólares en mejorar los servicios a los más necesitados, los beneficiarios de MiSalud.

De otra parte, la Oficina de pagador único estaría en condiciones óptimas para ponerle controles a la industria farmacéutica y abaratar los precios de los medicamentos utilizados en el sistema al negociar precios ajustados por volumen.

Pero para lograr un verdadero salto cualitativo en nuestra calidad de vida, será necesario implantar un Sistema Universal de Salud que permita la integración y mejor utilización de los recursos disponibles.

Es por eso que como segundo paso, proponemos que se les dé curso inmediato a los estudios y ajustes necesarios para estructurar y operar un Sistema Universal de Salud en Puerto Rico, como lo han hecho los países más adelantados del mundo en materia de salud.

Para implantar un sistema de salud como el que se propone: moderno, accesible a todos y todas, a la altura de los países desarrollados del mundo y lograr el deseado salto cualitativo en nuestra calidad de vida, será necesario:

 

1. Que el pueblo y su gobierno reconozcan que la salud es un derecho fundamental del ser humano, no una mercancía que se compra y se vende.

2. Sacar a los mercaderes del Templo, es decir, los planes médicos.

3. Integrar todos los sistemas y recursos, económicos y humanos que hoy funcionan desarticulados, para constituir un solo sistema de salud, accesible a todos y todas; desde el que tiene el dinero para comprar un plan privado hasta el que no tiene ni para comprar una curita.

4. Invertir la Pirámide para que la Prevención sea la base del sistema.

 

Reiteramos que no es más dinero lo que necesita el Sistema de Salud en Puerto Rico. Es otro paradigma lo que urge. El reclamo por un cambio radical en la prestación de servicios de salud en Puerto Rico es multisectorial, amplio y contundente. La crisis y deterioro del modelo existente nos presenta un reto y nos ofrece una oportunidad para impulsar un cambio verdaderamente cualitativo en la salud pública y en la defensa de la salud como un derecho humano fundamental, no como un privilegio de los que tienen dinero. No hay espacios para más parches. Es una revolución hacia el Sistema Universal de Salud lo que realmente necesitamos.

* El autor es médico y Copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.

 

Fuente: Claridad

¿De quién es la deuda?

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Escrito por Wilma E. Reverón Collazo / Copresidenta del MINH

Dice un viejo refrán que la culpa es huérfana. Algo así le sucede a la deuda: ahora resulta que nadie tiene responsabilidad por ella. Veamos si eso es correcto.

Llevamos décadas haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Se le dan “incentivos” a los inversionistas extranjeros para que hagan negocios en Puerto Rico: de 0 al 4% de contribuciones sobre el capital que generan; subsidios en la electricidad, agua, pagos de nómina; acceso a tierras y plantas con pagos a veces irrisorios en concepto de rentas o de venta. ¿Produjeron los empleos masivos que prometían? No. ¿Reinvirtieron parte significativa de las ganancias en el país? No. ¿Fueron responsables con el medio ambiente de Puerto Rico? No. Preguntemos a los de Barceloneta, Peñuelas, Cidra sobre las condiciones en que han dejado los ríos, las costas y las tierras a sus alrededores.

Esta política de “desarrollo económico” lo que ha producido es extracción de capital producido en el país, emigración, falta de liquidez para las operaciones del Gobierno, privatización de bienes públicos, explotación de recursos naturales, contaminación ambiental, destrucción de todo el comercio local (farmacias, tiendas al detal, suplidores de alimentos), destrucción de la agricultura, la ganadería y la avicultura y, finalmente, lo denunciado por décadas desde el movimiento independentista: la quiebra.

Sólo se han beneficiado los empresarios estadounidenses y la partidocracia que se ha turnado en el poder. La corrupción se ha entronizado en cada piso del Gobierno y la única forma de hacer negocio es a través del clientelismo político.

¿Quién debe responder por este desastre administrativo y fiscal? Los que ostentan la soberanía de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos y los representantes de sus intereses políticos y económicos en Puerto Rico, porque todo lo que se ha hecho aquí ha sido con el beneplácito y apoyo de los de allá.

Los tímidos intentos de defender lo nuestro (certificados de necesidad y conveniencia, Ley 75) siempre se ha estrellado con la cacareada libertad de comercio y el libre mercado. La libertad de comercio para ventaja de los de Estados Unidos, el libre mercado para los productos de Estados Unidos, los cuales no pueden ser tocados ni con un pétalo de rosa.

Pongámosle un valor a los daños que hemos sufrido como consecuencia de esta relación colonial que después de 117 años nos ha dejado entre los lobos de Wall Street y los buitres de los “hedge funds”. ¿Cuánto valían esas farmacias de la comunidad para sus dueños, sus empleados y sus clientes? ¿Cuánto valían las empresas nativas de venta al detal, de venta de alimentos? ¿Cuánto nos cuesta no producir nuestros propios alimentos y tener que importarlos en la Marina Mercante de Estados Unidos? ¿Cuánto valen las tierras de Culebra, Vieques, Buchanan, Sabana Seca, Ramey, Ceiba? ¿Y el agua que consumieron y consumen las bases militares? ¿Y la contaminación ambiental dejada por el Departamento de Defensa, las petroquímicas y las farmacéuticas? ¿Cuánto vale la pérdida de la población a causa de la emigración masiva, el rompimiento de vínculos familiares? ¿Cuánto vale la pérdida de personas preparadas en nuestras escuelas y universidades forzadas a emigrar en busca de un empleo digno para sí y sus familias?

¿Quién le debe a quién? Ni saldando los $73,000 millones y la deuda de las corporaciones públicas, Estados Unidos llegaría ni cerca de pagar la deuda que tiene con este pueblo. Después de todo, no llegaron aquí por invitación nuestra. Tienen una deuda económica y moral con este pueblo. Es hora de que la asuman y la paguen.

Las vistas celebradas en el Congreso: nueva farsa

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

Las vistas celebradas en el Congreso sobre la situación económica de Puerto Rico, han sido una muestra elocuente del desprecio y la indiferencia que siente el gobierno de Estados Unidos hacia nuestro pueblo.

Lamentablemente, tanto el gobernador Alejandro García Padilla como el comisionado residente Pedro Pierluisi se han prestado a participar en esta nueva farsa congresional.

Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos, que domina y controla todos los aspectos de nuestra vida desde hace más de 117 años, tiene una responsabilidad primaria en el deterioro de nuestra economía y de la calidad de vida de nuestra sociedad.

Lo primero que tiene que hacer Washington es reconocer que esta seria situación económica y social es consecuencia directa del colonialismo que nos tiene atados de pies y manos.

El reclamo principal no debe ser simplemente el pago de la deuda, sino que nos sean devueltos los poderes políticos soberanos que nos permitan salir de este callejón sin salida.

Mientras ello no ocurra, seguiremos siendo objeto de humillaciones y vejaciones de parte del Congreso de Estados Unidos.

MINH: A 80 años de la Masacre de Río Piedras decimos ¡presente!

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Se cumplen 80 años de la Masacre de Río Piedras. Exhortamos tanto a la militancia del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, como a nuestros afiliados, seguidores y amigos, a asistir a la conmemoración de este vil asesinato perpetrado contra compatriotas puertorriqueños y dirigido por el coronel estadounidense Francis E. Riggs a cargo de la Policía de Puerto Rico.

El 24 de octubre de 1935, en las inmediaciones de la Universidad de Puerto Rico, cinco nacionalistas fueron emboscados por la Policía de Puerto Rico, de los cuales cuatro resultaron asesinados quedando un quinto gravemente herido.

Los esperamos este jueves, 22 de octubre de 2015, a las 6:30 p.m. para honrar como es debido, a quienes dieron su vida por nuestra Patria.

Actividad oficial por el Comité Especial para la Conmemoración de la Masacre de Río Piedras: Marcha en silencio con velas desde el portón principal de la U.P.R. (portón del Museo) hasta la Calle de los Mártires, (antes C/ Brumbaugh), esquina Calle Robles.

La actividad estará dedicada a Oscar López Rivera.

Acto político por los compañeros Ángel M. Rivera Rivera y Tuto Villanueva.

 

Al PPD le corresponde actuar

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Escrito por Noel Colón Martínez / MINH

El 29 de septiembre se celebró una audiencia en el Senado de Estados Unidos para examinar la situación fiscal de Puerto Rico. La presidió el senador Orrin Hatch y parte de lo que ocurrió allí entonces fue comentado en una excelente columna de Mayra Montero. No hay mucho que agregar a lo que recogió la periodista en términos de análisis y censura.

Sin embargo, como la actuación de Estados Unidos es tan arbitraria e injusta en su atención a los graves problemas de nuestro país y como no podemos cesar en el empeño de descolonizar la conciencia del puertorriqueño, se convierte en un deber seguir haciendo señalamientos de injusticias graves. Sobre todo tenemos que continuar remachando lo que Hatch nos recordó: ellos no quieren que les hablemos del estatus político, ni de la posibilidad de un rescate económico o lo más que se parezca a un rescate. Prefieren que les digamos qué hemos hecho con los dineros que nos están “regalando” y porque nos somos transparentes. Que sea transparente es la obligación de la colonia frente a uno de los sistemas políticos y económicos menos transparentes del mundo. Pero como Melba Acosta, representante del gobierno en la audiencia de Hatch, se declaró culpable de falta de transparencia, unas semanas después se han desatado sobre el país una serie de investigaciones sobre mal uso de fondos federales que parece que van a cubrir a todo el gobierno. Están diciéndole al gobierno de Alejandro García Padilla que ellos tienen en reserva una buena cantidad de investigaciones, viejas y nuevas, para justificar su inacción con relación a Puerto Rico.

La prensa del pasado fin de semana señala, con exquisito cinismo, que Obama dice que piensa en la Isla. Así lo dice el titular de El Nuevo Día dominical. Con una foto de Obama, el titular señala: “Dice que piensa en la isla”. Ocurrió que en un acto anual que celebra el Caucus Hispano en la ciudad de Washington, Obama se refirió a la necesidad de “seguir creando buenos puestos de trabajo” “para que cada familia sienta la recuperación económica de nuestro país en sus vidas”. Cuando decía eso parece que recordó que estaba frente a dos mil personas convocadas por el caucus hispano y que Roselyn Sánchez, puertorriqueña de pura cepa, era la maestra de ceremonias de la actividad, y entonces añadió: “y eso incluye las familias en Puerto Rico”.

¿Pero de qué recuperación económica y de qué buenos puestos de trabajo pueden hablar los puertorriqueños? Con muy buen juicio Pedro Pierluisi, al reaccionar a las palabras de Obama, expresó:… “los puertorriqueños no están satisfechos con meras palabras”. Pierluisi fue igualmente certero y valiente al señalarle a Hatch en la audiencia del 29 de septiembre que Estados Unidos es igualmente responsable de la crisis por la que atraviesa Puerto Rico.

Obama no ha estado receptivo a importantes reclamos de nuestro país. Desde mi punto de vista ofendió gravemente a nuestro pueblo cuando incorporó la suma de $2.5 millones de dólares para un plebiscito bajo supervisión del Departamento de Justicia federal sobre las alternativas de estatus a someterse al electorado. La cúpula del PPD irresponsablemente le dio la bienvenida a esa legislación indigna y violatoria del derecho internacional.

Ese presidente ha tenido oídos sordos al reclamo que trasciende nuestras fronteras para que realice un acto de justicia en el caso de nuestro preso político Oscar López. Ha demostrado hostilidad, animosidad e indiferencia ante un reclamo de derechos humanos en el caso de Oscar. Ha demostrado insensibilidad humana, pues la nueva conciencia humana considera una sentencia tan prolongada como un castigo cruel e inusitado y él lo sabe pues fue entrenado para no permitir ese tipo de castigo. La nueva penología no se aviene y rechaza esas prolongadas venganzas contra los seres humanos. Eso no es justicia criminal del Siglo 21, eso es normativa residual del siglo 19.

Obama sabe que con los viequenses persiste una política de indiferencia, de arrastrar los pies en el cumplimiento de su deber de sanear totalmente esa isla luego de la terrible contaminación que la Marina de guerra de su país acumuló allí por décadas. Obama prácticamente ha desmembrado el grupo intergubernamental que resultaba ser el único vínculo amplio de Puerto Rico con el gobierno de Estados Unidos. En sus inicios, bajo el presidente Clinton, ese grupo presumía ser el eslabón exclusivo para dar un tratamiento y reconocimiento a las necesidades especiales de los puertorriqueños que residimos acá. Las aberraciones del presidente George W. Bush y su justificado menosprecio por el Estado Libre Asociado, que fue creación de ellos, terminaron concluyendo con una conducta igual de parte de Obama. Ahora hemos vuelto a la realidad inevitable de la Ley Foraker y Jones.

Ahora se atienden los asuntos con los funcionarios del gobierno de Puerto Rico a los niveles que Obama decida. Él personalmente aparece siempre ausente, siempre indiferente, siempre ajeno a nuestras necesidades y siempre ignorando las promesas que le hizo a Puerto Rico durante su primera campaña por la presidencia. Ya no habla de autodeterminación política, de la similitud entre colonia y territorio, de la necesidad de descolonizar a Puerto Rico. Al contrario, cuando ofreció los $2.5 millones para un plebiscito lo condicionó a que las alternativas de estatus fueran conformes al derecho constitucional de Estados Unidos. Y terminó, bajo Fortuño, favoreciendo un tipo de plebiscito donde la estadidad tendría una ventaja inicial significativa.

El 17 de julio del corriente año el senador Orrin Hatch le pidió por carta a Obama que le explicara las acciones que está tomando su gobierno para atender las tensiones creadas con motivo de la crisis por la que atraviesa Puerto Rico. En la misma fecha le pide al Secretario del Tesoro que rinda cuentas sobre la política pública del gobierno ante la crisis fiscal de Puerto Rico y sobre un asunto que pende como espada sobre nuestra reforma contributiva, como es sobre qué pasará con el crédito federal al impuesto de 4% en las ventas de las corporaciones de control foráneo.

No hay en este momento un solo líder de gran relevancia en Estados Unidos que plantee la necesidad de resolver nuestros problemas incorporándonos como otro estado de la federación. Los que defienden esa alternativa lo saben pero prefieren continuar con el engaño electoral de la anexión.

Las graves contradicciones que presenta el dilema actual de las relaciones políticas sólo se resuelve cuando nos juntemos los que aspiramos a soluciones diferentes en el seno y el marco institucional de un mecanismo como la asamblea constitucional de estatus. La mayoría de los independentistas hemos logrado ese consenso procesal pero estamos a poco más de un año de las elecciones y las fuerzas soberanistas del Partido Popular no han logrado impulsar el cumplimiento de una promesa programática que ya parece contar con una mayoría del electorado de ese partido. La experiencia me dice que si no cumplen esa promesa no deben soñar con una victoria electoral. Solamente la convocatoria a una asamblea que ejecute la voluntad del pueblo, y no de los partidos y organizaciones, será atendida y respetada por Estados Unidos. El sector soberanista del PPD tiene que darse prisa en lograr que su fuerza sea respetada y las promesas cumplidas. A mi juicio, ese ejercicio es la única manera de hacer a ese partido más democrático, más ideológico y más participativo. La oposición política, por voz de Rosselló y de Pierluisi, tiene anunciado que respetarán esa convocatoria. Al PPD le corresponde actuar.

Wesolowski y Puerto Rico

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Escrito por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

Este artículo fue enviado inicialmente a El Nuevo Día, a principios de septiembre de 2015. Aunque se indicó la intención de publicarlo, el mismo no fue publicado, por razones desconocidas. -Julio A. Muriente Pérez

“Cualquier cosa que venga del arzobispo de ahora, sabemos que está politizado a favor de la independencia. El arzobispo más político que ha habido en la historia de Puerto Rico es este.” –Carlos Romero Barceló, sobre el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. Septiembre 2012

“Lord, with your love, cancel the sins that our brother committed with human fragility in this life.” –Arzobispo Konrad Krajewski, representante papal en el funeral del exarzobispo Joséf Wesolowski. Roma, 29 de agosto de 2015

No sé si Carlos Romero Barceló, su hija Melinda y la exsenadora Albita Rivera han viajado en estos días a Roma o a Polonia. Seguramente han lamentado el fallecimiento del polaco exarzobispo, exnuncio apostólico para la República Dominicana y Haití y exdelegado apostólico para Puerto Rico, Joséf Wesolowski.

Ellos le conocían bien. Fue su cómplice en el operativo que orquestaron hace varios años contra el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. El padre, la hija, la senadora y una legión de fundamentalistas católicos se lanzaron a la persecución ideológica de Roberto, le fabricaron casos y hasta tocaron a las puertas de El Vaticano, exigiendo su expulsión inmediata como dirigente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña.

Las acusaciones contra el arzobispo boricua eran graves: mala gestión económica, venta irregular de colegios católicos, encubrimiento de curas pedófilos y extralimitación en sus funciones sacerdotales.

Esta última acusación era la que revolvía las entrañas de Romero y compañía. Sus resentimientos se remontan al 8 de mayo de 1999, cuando se instaló el flamante arzobispo de San Juan, en una concurrida ceremonia celebrada en el cuartel de Bayajá. Habían pasado pocos días de la muerte del puertorriqueño-viequense David Sanes Rodríguez, víctima de la bomba lanzada por un avión de guerra estadounidense. Cobraba forma una de las luchas sociales más importantes que ha librado nuestro Pueblo.

Allí, ante Romero Barceló y otros funcionarios del gobierno PNP, Roberto González Nieves denunció con firmeza la barbaridad que se había cometido en la Isla Nena por décadas y llamó inmoral a la Marina.

Los anexionistas condenaron al insolente cura que se había atrevido a poner el dedo en la llaga. Tampoco le perdonaron la creación del llamado Altar de la Patria, ubicado en la catedral de San Juan y donde descansan los restos de Ramón Power y Giralt.

Los enemigos de Roberto lograron que El Vaticano ordenara una investigación  iniciada en octubre de 2011 por el arzobispo de Ecuador, monseñor Antonio Arregui Yarza y dirigida prominentemente por el nuncio apostólico Joséf Wesolowski.

El asesino de Maravilla, su hija y los demás estaban de plácemes. Confiaban en ver rodar la cabeza de Roberto. Pero la alegría les duró poco tiempo. Los casos fabricados se cayeron.

En septiembre de 2013 Joséf Wesolowski fue acusado formalmente de pederastia; de seducir a decenas de niños y adolescentes para utilizarlos sexualmente; de coleccionar miles de fotos de niños y jóvenes sexualmente explícitas; de ocultar bajo la sotana la podredumbre más vergonzosa.

El arzobispo corrupto fue despojado de sus funciones ministeriales y sometido a un juicio canónico. Forzado a  prisión domiciliaria, fue encontrado muerto el pasado 28 de agosto, víctima, según se informó, de un ataque al corazón. Su funeral se efectuó en Roma, sin pena ni gloria. Sus restos serán llevados Polonia.

Romero Barceló, Melinda, Albita ni ninguno de quienes conspiraron contra el arzobispo de San Juan han dicho una palabra. Su silencio los delata.

Mientras tanto, Roberto González Nieves y el ideario que ha defendido en favor de la paz, la justicia y la Nación, han sido reivindicados.