Más por menos

ninosPor Wilma E. Reverón Collazo / Copresidenta del MINH

Indigna la reacción del gobernador Alejandro García Padilla al atreverse a decirles a los padres y madres de niños con discapacidades que tienen que hacer más con menos. Señor gobernador, si hay un sector de este país que son expertos en hacer más con menos son los padres y madres de niños con discapacidades. Llevan varias generaciones y administraciones de gobierno haciendo más con menos.

Ninguna administración se ha distinguido por dar cabal y fiel cumplimiento a los acuerdos y mandatos del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez incoado originalmente por Servicios Legales de Puerto Rico y continuado por un excelente grupo de abogados y abogadas comprometidos con la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de este país.

El continuo incumplimiento con los Programas de Educación Individualizada (PEI), la falta de servicios que requiere esta población, el incumplimiento con las especificaciones de acceso que requieren los edificios públicos como las rampas necesarias y la falta de una política de planificación urbana y permisología sensible a las necesidades de la población de discapacitados en general, ha sido y es un impedimento para el desarrollo pleno de estos ciudadanos y la capacidad de disfrutar la vida sin mas impedimentos que los que ya tienen de por sí.

Mientras se continúa la asignación de fondos para gastos superfluos, contrataciones de personal de confianza que no rinde servicios esenciales e impostergables, a los padres y madres de niños discapacitados se les pide hacer la cola como mendigos y seguir haciendo más con menos. Se les pide a los padres y madres de niños discapacitados que hagan más con menos, mientras el gobernador admite no conocer el informe del comisionado especial del pleito de clase. Esto es claramente una admisión de que tiene algún empleado de confianza que no ha hecho el trabajo mínimo de preparar un resumen ejecutivo para que su jefe se entere de lo que sucede con esta población.

Peor aún, esto es una admisión de que para esta administración estos ciudadanos no han figurado en su lista de prioridades luego de once meses de haber asumido las riendas del País.

Los niños y personas discapacitados en general tienen un derecho humano fundamental a la vida, la libertad y la felicidad. La educación especial no es un privilegio, es un derecho así como su acceso a los servicios, facilidades y recursos a que tienen derecho para garantizar el desarrollo de sus capacidades al máximo de su potencial y convertirse en ciudadanos productivos y no dependientes.

La imposición del presidente de la UPR

Julio A. Muriente Pérez

Por Julio A. Muriente Pérez / Copresidente del MINH

Ángel Collado Schwartz, miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, fue paradójicamente honesto, en todo el proceso previo, al referirse públicamente a la designación de un presidente de la Universidad de Puerto Rico. Ha dicho en más de una ocasión que la Junta de Gobierno no está obligada a designar a ese cargo a la persona que sea recomendada por la mayoría de los senados académicos de la UPR. Que la Junta—compuesta mayoritariamente por personas nombradas por el gobernador de turno—impondrá a quien considere la persona más adecuada.

Las expresiones de Collado Schwartz constituyen una corroboración de la absoluta ausencia de participación democrática existente en la UPR, sobre todo en lo relacionado a la designación de funcionarios. Peor aún, rebelan hasta dónde los comités de consultas y las evaluaciones que se le solicitan a sectores de la comunidad universitaria terminan siendo una burla, una gran farsa, una pérdida de tiempo.

La fuente de la ausencia de democracia participativa y de la actitud dictatorial de la dirección de la UPR surge de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, aprobada el 20 de enero de 1966, bajo la administración del PPD y Roberto Sánchez Vilella. Ésta ha sufrido diversas enmiendas durante su casi medio siglo de vigencia, pero se mantiene inalterado el carácter verticalista, excluyente y elitista de la estructura de mando. Aunque proclama “…su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática…” (Artículo 2., A.), en la práctica esa ley representa todo lo contrario.

La decisión del gobernador Alejandro García Padilla de eliminar la Junta de Síndicos y crear la Junta de Gobierno, no altera esa realidad antidemocrática. La persona de mayor poder en la UPR es el presidente de dicha Junta, cargo que en la actualidad ocupa el doctor Jorge Sánchez. La comunidad universitaria—estudiantes, profesores, trabajadores—no tuvo nada que ver en su imposición a ese cargo. La Fortaleza, como desde siempre, mantiene el control real sobre la Universidad.

El cargo de presidente es uno más bien decorativo. Fue creado a la medida para don Jaime Benítez. Como decía un amigo, para que luego de décadas de ser rector del recinto de Río Piedras, se conformara con contemplar las cotorras del Jardín Botánico. El presidente de la UPR es un subordinado de la Junta de Gobierno, que no toma decisiones principales. La  Junta de Gobierno es la que nombra a su antojo presidentes, rectores, decanos y otros funcionarios; toma decisiones financieras, administrativas y de todo tipo.

¿Por qué no hay real democracia participativa en la UPR? Porque la Universidad históricamente ha sido vista como un botín de guerra del que se apoderan los partidos políticos que ganan las elecciones cada cuatro años. Porque los partidos políticos y los gobiernos de turno le temen a la transparencia y honestidad de los estudiantes; a la capacidad y madurez intelectual del profesorado; a la muy probada capacidad de lucha de los trabajadores no docentes.

El gobierno prefiere imponer una suerte de dictadura más o menos ilustrada, manteniendo al margen a esas decenas de miles de hombres y mujeres que componen la verdadera comunidad universitaria. Quienes toman las decisiones actualmente, caben en una guagua pequeña y sobran asientos.

Ese va a ser el caso del nuevo presidente. Será la imposición más reciente, sin importar el parecer de los miles de universitarios y universitarias que componen la UPR. En todo caso, será un desconocido para la mayoría.

En fin de cuentas, poco le importará al estudiantado, al claustro y a los trabajadores no docentes quien sea el designado/impuesto. Una vez más los senados académicos sentirán el azote de la manipulación y de la falta de respeto de una Junta de Gobierno que, amparada en la antidemocrática Ley de 1966,  harán, como bien ha anticipado Collado Schwartz, lo que les venga en gana.

Lo que necesita la Universidad no es un presidente impuesto, sino una transformación profunda—una nueva ley, una verdadera reforma universitaria—que asegure la participación democrática y decisional de sus componentes, de las mayorías universitarias, que están ávidas de servir tanto a la institución que tanto quieren como al País.